Nueva concesión o prórroga con Tranvías hasta 2024. Son las dos salidas que tiene enfrente el Ejecutivo de Marea para decidir cómo solucionará el contrato del bus urbano, que dio por extinguido el pasado 30 de noviembre y ratificará hoy en la Junta de Gobierno Local tras haber desestimado el Concello las alegaciones presentadas por la concesionariacontrato del bus urbano.

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, admitió ayer estas dos opciones sin decantarse por una u otra. Su gobierno estudiará la posibilidad de autorizar una prórroga que permita a la Compañía de Tranvías gestionar el servicio más allá de noviembre de 2018, cuando finalice la prórroga que otorgó a la empresa a finales del año pasado, y hasta 2024, último año de vigencia de la concesión de acuerdo con el convenio firmado por el Ayuntamiento y Tranvías en 1987. Pero Ferreiro tampoco descarta poner en marcha una nueva licitación. Es lo que dice la Asesoría Jurídica municipal que corresponde hacer ahora en cumplimiento de un reglamento europeo.

El alcalde apuntó que la opción de dar continuidad a la concesión de Tranvías será consultada con la Unión Europea y apeló a la adaptación de cualquiera que sea la decisión final "a las normas de la actual regulación" comunitaria. Al analizar la decisión de ratificar, en la junta de gobierno de hoy, la extinción del contrato, Ferreiro añadió que este paso abre la puerta a la posibilidad de "coordinar las líneas urbanas con las líneas interurbanas". "Un funcionamiento en red donde poner sobre un plano las diferentes concesiones que existan", comentó.

De momento, el Concello tendrá que remitir al Diario Oficial de la Unión Europea datos relacionados con la futura licitación como muy tarde un año antes del inicio del procedimiento, según señala un artículo del mismo reglamento. El Gobierno local podría, mientras tanto, negociar con Tranvías qué salida es la más conveniente para satisfacer los intereses de cada parte sin perjudicar el servicio.

Esa norma comunitaria, de 2007, es la misma en la que se apoyó el Concello el año pasado para dar por caducado el contrato del transporte público, ya que su texto establece que las concesiones adjudicadas antes del 26 de julio de 2000 a través de procedimientos distintos al de la licitación equitativa, es decir, sin concurso, pueden continuar hasta su finalización pero sin superar un periodo de 30 años. En estas condiciones se encuentra el contrato con Tranvías, acordado a finales de 1986 y rubricado a comienzos de 1987.

Por esta razón, el Ejecutivo de Ferreiro dio por concluida la concesión el 30 de noviembre de 2016, justo cuando se cumplían esos 30 años que señala la normativa europea, aunque al mismo tiempo otorgó a Tranvías una prórroga de dos años para garantizar el correcto desarrollo del servicio. La empresa, que nunca admitió la extinción del contrato, solicitó al Concello que consultase a la Comisión Europea si permitía la continuidad de la concesión como excepción al cumplimiento del reglamento, ya que en su opinión admitía "diversas interpretaciones". En enero, además, presentó un recurso de reposición contra la decisión tomada el pasado 30 de noviembre de dar por acabada la concesión, que la Junta de Gobierno Local, tras la consulta hecha a Bruselas, desestimará hoy.

La Compañía de Tranvías expresó ayer su rechazo a la decisión de extinguir el contrato por "no compartir las interpretaciones" del Ayuntamiento a la respuesta recibida desde la Comisión Europea y avanzó que sus servicios jurídicos "están trabajando en este proceso legal". La concesionaria se ofrece al diálogo para alcanzar una solución y aunque se muestra conforme a que haya licitación y concurrencia, reitera que el concurso del transporte público urbano deberá licitarse "a la fecha de expiración de la concesión, en el año 2024".

Una de las alegaciones utilizadas por Tranvías para defender la vigencia de la concesión hasta 2024 fue la concurrencia de "consecuencias jurídicas y económicas indebidas", condición que la Comisión Europea, apoyada en la información de la que dispone, consideró que "no están en condiciones de juzgar" en su respuesta al Ayuntamiento.