El 15% del importe de las facturas del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) en 2016 se abonaron con algún reparo de Intervención: 785.000 de 5,2 millones de euros. El BNG recontó el lunes en el pleno la actividad del ente encargado de las fiestas y los auditorios municipales. Calculó que, desde el inicio del mandato, los pagos a los que el órgano fiscalizador vio algún problema sumaron 1,26 millones. El edil de Culturas, José Manuel Sande, afirmó que no hay "indiferencia ni pasividad" ante la situación y adujo la carencia de personal y sobrecarga de trabajo que padece el IMCE y las consecuencias de haber tenido que desarrollar el trabajo con inestabilidad presupuestaria.

El reparo de legalidad es un procedimiento interno por el que los servicios de control municipales emiten un informe cuando están en desacuerdo con el fondo o la forma de un acto administrativo, normalmente, un gasto. El visto bueno del Interventor permite seguir adelante con el procedimiento y avala la actuación del gobernante. Los informes negativos, según su gravedad, pueden paralizar el expediente o no. La autoridad competente, en este caso el presidente del IMCE, tiene que resolver el reparo, normalmente subsanando el conflicto o levantándolo.

La edil del BNG, Avia Veira, detalló ayer en rueda de prensa los datos que avanzó en una pregunta oral de la sesión plenaria. En total, las facturas con reparos de legalidad fueron 215 entre junio de 2015 y abril de 2017, 123 correspondientes al pasado año. La mayoría de reparos de legalidad de Intervención (un 94,88%) son de facturas que corresponden a una "necesidad permanente y continuada", por lo que el interventor recomienda formalizar un contrato. Un 26,23% de los gastos con reparo se dan porque el importe acumulado supera el límite legal del contrato menor y un 11,63%, porque el gasto se generó sin fiscalización crítica y previa.

El edil de Culturas, José Manuel Sande, asumió en la sesión plenaria que no es la situación deseable y que están intentando poner en marcha mecanismos para que no se produzca tantos reparos, elaborando los pliegos necesarios. Justificó que algunos de ellos tienen "no pocas dificultades técnicas".

Sande explicó que todas las facturas con advertencia corresponden a fiestas y no a recintos. "Hay algo que raramente se menciona que es la precariedad de la plantilla del IMCE, que afrontan una gran demanda ciudadana", indicó el edil, que añadió que hubo un "error histórico" de encomiendas a los altos cargos del departamento, que acumulan funciones y los "esclavizan". "Es una situación complicada pero no debe servir de excusa", admitió Sande, que aludió también a los vaivenes económicos, con presupuestos que se aprobaron tarde y con el recorte importante que impusieron PP y PSOE el pasado año.

La nacionalista Avia Veira considera que estas explicaciones son insuficientes y opina que los "malos hábitos" anteriores no se han corregido en este mandato, por lo que "queda por ver si finalmente se realiza una gestión más eficaz, más transparente y mejor planificada".