Mecanizados Escribano, la empresa madrileña vinculada al sector armamentístico que había salido a la luz como la opción mejorar situada para entrar en el accionariado de la concesionaria de la fábrica de armas, Hércules de Armamento, renuncia a la operación. Así lo aseguró ayer el presidente de la compañía, Ángel Escribano, quien en declaraciones a este diario señaló a la elevada deuda de la firma coruñesa y a la preferencia por otros proyectos industriales como las principales causas de esta decisión. Escribano reconoce haber mantenido contactos con la Xunta en los últimos meses, pero finalmente no fueron suficientes para dar el empujón a la operación.

En enero de este año, el director de Hércules, Ramón Mejuto, reconocía que los madrileños eran los que más papeletas tenían para entrar en el accionariado y reflotar su empresa, si bien aseguraba que había otras compañías interesadas. De hecho, fuentes del comité de empresa de Hércules afirman que la dirección de la concesionaria mantiene la previsión de, en próximos días, poder cerrar la entrada de un nuevo socio inversor y nuevos clientes, una promesa que llevan haciendo prácticamente desde el primer día que tomaron las riendas de la fábrica de Pedralonga.

Los trabajadores confían en que en esta ocasión las palabras se conviertan en hechos dado que Hércules ha recuperado en las últimas semanas el permiso para fabricar armas, con el objetivo de satisfacer así los pedidos de un posible cliente del sector armamentístico. Este permiso se le había retirado en noviembre de 2015 al quedar sin servicio de vigilancia privada, que se fue por impago de la empresa. Desde marzo de 2017, la factoría vuelve a contar con vigilancia, que se contrató a una empresa distinta, por lo que, tras los trámites con el Ministerio de Defensa, se ha vuelto a conseguir la licencia.

Los trabajadores de la factoría han iniciado en los últimos meses movilizaciones para reclamar a la dirección de Hércules que abone los salarios que todavía están pendientes de cobrar. La compañía también adeuda cientos de miles de euros a la Seguridad Social. Tampoco ha abonado en tiempo y forma el canon de la tercera anualidad al Ministerio de Defensa. Sus últimos datos conocidos de facturación revelan que están muy por debajo de lo que habían anticipado los promotores del proyecto: en 2015 no superó los 28.000 euros, con pérdidas que ascendieron a 520.000 euros, casi el doble que las del ejercicio anterior, 266.000. Cuando se presentó en sociedad, la dirección apuntó a una facturación de entre 12 y 20 millones de euros en el primer año.

Durante todo este tiempo, el Ministerio de Defensa ha mantenido silencio y no ha hecho público el resultado de la última Comisión de Seguimiento, realizada noviembre.