La oficina de reparto de los juzgados de A Coruña recibió en cuatro días, desde el pasado 1 de junio, cuarenta demandas por asuntos relacionados con las cláusulas suelo. Los casos serán remitidos al juzgado creado en exclusiva la semana pasada para hacerse cargo de tramitar estos pleitos de abusos bancarios. Está previsto que la unidad, que se ubicará en uno de los espacios vacíos de la Audiencia Provincial, comience a funcionar esta semana, pues solo está pendiente de que dos funcionarios tomen posesión de sus cargos. Las instalaciones habilitadas por la Xunta cuentan con el material necesario para comenzar a operar.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y la Xunta dieron el visto bueno el pasado 31 de mayo a la creación de juzgados exclusivos de cláusulas suelo en toda España para hacer frente al previsible aumento de litigios en la jurisdicción civil debido a las reclamaciones de las cláusulas suelo aplicadas por las entidades bancarias. El CGPJ nombró el pasado jueves al juez de refuerzo en A Coruña, Augusto Javier Mosquera Blanco, y la Xunta a los funcionarios - un gestor, un tramitador y un funcionario de auxilio-, que tienen de plazo hasta el jueves para tomar posesión de sus cargos.

Del equipo también formará parte un letrado de la Administración de Justicia (antiguo secretario judicial), que la unidad de cláusulas suelo compartirá con otro juzgado. El Ministerio de Justicia, que es el encargado de nombrar a los letrados, se comprometió a designar "a los que sean necesarios si la carga de trabajo lo justifica". Por el momento, en A Coruña ha decidido que el funcionario duplique sus funciones, algo que ha suscitado críticas entre los trabajadores judiciales, quienes consideran necesario que la unidad creada para atender las demandas por cláusulas suelo cuente con un letrado de la Administración de Justicia en exclusiva.

La constitución del organismo judicial se enmarca dentro del plan de urgencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer frente al aumento de este tipo de demandas como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 21 de diciembre de 2016 que obliga a las entidades bancarias a devolver el dinero a los clientes con cláusulas suelo en sus hipotecas. La especialización de los juzgados, según el CGPJ, garantiza "la uniformidad en la respuesta que reciban los ciudadanos y sus demandas y, por tanto, mayor seguridad jurídica".