La protección de las islas de San Pedro, más cerca

La Xunta sostiene que el Concello cometió errores en los informes que le remitió y asegura que seguirá con los trámites cuando los corrija

12.06.2017 | 00:30
Vista de las islas de San Pedro.

La declaración definitiva del archipiélago de las islas de San Pedro como Espacio Protegido de Interés Local (ENIL) está pendiente de que la Xunta le dé el visto bueno. El enclave está preservado desde 2009 de forma provisional, pero el Concello inició los trámites, paralizados desde 2012, para que se consolide

Tras cinco años paralizado, el plan para declarar las islas que forman el archipiélago de San Pedro Espacio Protegido de Interés Local (ENIL), retomado por el Gobierno municipal el año pasado, sigue solo sobre el papel. El enclave cuenta con la distinción de ENIL desde 2009, pero es provisional, por lo que el Ejecutivo local espera conseguirlo de forma permanente.

La Xunta informó de que el pasado mes de enero la dirección xeral de Patrimonio Natural solicitó al Concello los informes sectoriales "necesarios y preceptivos" y le notificó la suspensión del plazo para emitir una resolución hasta que recibiese todos los documentos requeridos.

El mes pasado el Gobierno gallego tuvo acceso a todos los informes, pero sostiene que detectó "errores de forma", por lo que demandó al Ayuntamiento que los subsane. "En el momento en el que se constate la rectificación, se continuará con la tramitación del procedimiento, cuyo paso siguiente será someterlo a información pública, con el objetivo de declarar la zona como ENIL", aseguró la Xunta.

El proceso para consolidar la protección del área, que desde 2009 es provisional, estuvo paralizado desde 2012 hasta el año pasado porque el Gobierno municipal del PP no presentó el plan de conservación adaptado a los requerimientos exigidos por el Ejecutivo gallego en septiembre de 2011. Además de las islas de San Pedro, el Ayuntamiento inició los trámites para solicitar la misma distinción para punta Herminia. La consideración de ENIL es una de las pocas figuras de protección que se pueden impulsar desde el Gobierno local aunque debe contar con el visto bueno de la Xunta.

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