El Ayuntamiento pretende aprovechar las nuevas condiciones impuestas por la Unión Europea a los servicios de transporte público para abaratar el precio del billete de autobús urbano, de forma directa, a través del bonobús o de ambas formas. Los nuevos reglamentos dictados por Bruselas suponen, en la práctica, que la concesión de la Compañía de Tranvías se agote en año y medio, en noviembre de 2018, pero abren una vía excepcional para permitir alargarla hasta 2024, cuando expiraba. A ese camino se agarra el Gobierno local para forzar una negociación con la Compañía de Tranvías en la que está dispuesto a solicitar a Europa la continuidad de la concesión a cambio de que la empresa renuncie a parte de sus beneficios para abaratar el billete.

Solo el Ayuntamiento puede plantear a la Unión Europea que la concesión del transporte público urbano coruñés sea una excepción a la norma general y agote el contrato en la fecha en que estaba previsto. Esa potestad supondrá la principal baza del Gobierno local en la negociación que pretende abrir con Tranvías, a la que, según avanzó ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, en Radio Coruña, ofrecerá dos salidas: una prórroga con rebaja de tarifas o una nueva licitación del servicio en la que Tranvías se jugaría el contrato con cualquier otra empresa que aspire a llevárselo.

"Nos plantearemos -señaló el alcalde- pedir a Bruselas una autorización excepcional para que la Compañía de Tranvías continúe hasta 2024 si adaptamos la prestación del servicio al nuevo reglamento, lo que tiene que implicar necesariamente una rebaja de tarifas del transporte público o un aumento de los beneficios sociales del transporte público, es decir, lograr mejores condiciones para los viajeros, porque eso sería el resultado de una nueva licitación".

Tanto si la rebaja es de la tarifa ordinaria como si lo es del bonobús urbano, el Ayuntamiento pretende que ese coste económico lo asuma la Compañía de Tranvías, con una merma en los beneficios que le reporta la concesión. El contrato está amparado por las condiciones de la adjudicación, sin concurso público, que aprobó en 1986 el pleno municipal, en el que el Gobierno local de Francisco Vázquez disfrutaba de mayoría absoluta.

En los dos últimos ejercicios contables cerrados, la empresa obtuvo un superávit de 4,4 millones de euros en 2014 y de 3,9 millones en 2015. La aportación municipal al bonobús, que percibe la empresa para compensar la menor tarifa que cobra a los usuarios que lo utilizan, alcanzó los 8,5 millones de euros en cada uno de esos dos ejercicios.

El Ayuntamiento rechazó a principios de este mes el recurso de reposición de Tranvías contra su decisión de dar por extinguida la concesión el pasado 30 de noviembre, en aplicación de las disposiciones europeas. La concesionaria se ofreció a buscar con el Gobierno local una salida negociada, avanzó que sus servicios jurídicos "trabajan en este proceso legal" y mantuvo su defensa de que la concesión se agota en 2024.

Uno de los argumentos esgrimidos por la empresa es que adelantar el fin de la concesión implicará "consecuencias jurídicas y económicas indebidas", condición que la Unión Europea exige para poder acogerse a la excepción que permite continuar la concesión.

Antes de rechazar el recurso de Tranvías, el Ayuntamiento consultó a Bruselas si el contrato coruñés puede acogerse a esta excepción, pero la Comisión Europea respondió que, con la información de la que disponía hasta entonces, no estaba en condiciones de juzgar si la concesión de transporte público cumple las condiciones requeridas.