La salida de los okupas que permanecen en el edificio de la Comandancia de Obras desde el pasado mes de noviembre no se realizará a la fuerza por parte municipal, según informó ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, tras el auto judicial que descarta la existencia de delito en la actuación de quienes utilizan el recinto.

"El recurso a la fuerza tiene que ser el último y espero que no sea necesario", manifestó el regidor en declaraciones a Radio Coruña tras conocer la resolución judicial que considera que tanto el Ministerio de Defensa, propietario de la instalación, como el Concello, a quien está cedida, no manifestaron de forma expresa su rechazo a la presencia de los okupas ni adoptaron ninguna medida en ese sentido, por lo que sobreseyó la denuncia presentada por el departamento estatal.

Ferreiro recordó que el Gobierno local optó desde el principio por una "solución dialogada" para acabar con la okupación, de la que dijo que tiene "cierta legitimidad" cuando es practicada por personas sin recursos. En el caso de la Comandancia de Obras la calificó de "difícilmente justificable" porque se trata de un equipamiento público en el que además está prevista una "inversión muy fuerte", ya que avanzó que el Concello presentará en los próximos días un proyecto para convertir este lugar en una instalación destinada a "toda la ciudadanía".

Pese a la falta de legitimación que aprecia en este caso, el alcalde rechazó que la marcha de los okupas vaya a consistir en un desalojo forzoso como el practicado en Santiago hace unos días que derivó en enfrentamientos con la policía. "Creo que podemos abrir cauces de diálogo para todas las partes nos entendamos", manifestó Ferreiro.

Para la concejal de Seguridade, Rocío Fraga, tanto el Concello como Defensa son "responsables" de la okupación, por lo que estimó que "habrá que estudiar las medidas que hay que tomar", aunque descartó que por parte municipal se vaya a proceder a un desalojo.