La Fiscalía de A Coruña presenta una demanda colectiva contra Orange por abusos en la facturación

La operadora reclama la cuota correspondiente a todo el periodo de facturación, generalmente mensual, aunque el servicio finalice antes

20.06.2017 | 14:17

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña ha admitido a trámite la demanda colectiva de cesación en defensa de los consumidores y usuarios presentada por la Fiscalía Provincial de A Coruña contra la entidad Orange Espagne S.A. por prácticas abusivas en la facturación a clientes que se dan de baja en la operadora. La vista de medidas cautelares se celebrará el póximo 10 de julio, mientras que el juicio del procedimiento principal tendrá lugar el 26 de septiembre.

Según consta en la demanda, la empresa de telefonía "emite reiteradamente facturas contra los consumidores y usuarios en las que les reclama la cuota correspondiente al periodo completo de la facturación previamente determinado -generalmente mensual- a pesar de que el servicio prestado a los clientes haya finalizado antes de que se complete ese periodo".

A juicio de la Fiscalía, esto supone que la empresa requiere a los consumidores para que abonen un servicio que no ha prestado, "en lugar de reducir proporcionalmente la cuota para ajustarla al periodo realmente consumido hasta la fecha en que se extingue el contrato".

Como consecuencia, los consumidores pagan doblemente, puesto que la nueva compañía contratada emite una factura parcialmente coincidente en el tiempo con el periodo cobrado de forma indebida por Orange.

El Ministerio público fue informado de esta conducta en el transcurso de una de las reuniones periódicas que mantiene con representantes de asociaciones y organismos encargados de la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. A partir de ese momento se inició una investigación que, tras confirmar la práctica abusiva, ha finalizado con la presentación de la demanda.

De la investigación llevada a cabo se concluye, además, que la operadora de telefonía admitió en múltiples ocasiones que la factura se había emitido incorrectamente y la anuló como consecuencia de numerosas reclamaciones tramitadas a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento. Igualmente, se comprobó que el Instituto Galego de Consumo había tramitado múltiples reclamaciones contra la demandada por facturar el periodo completo con independencia del momento en que se dejaba de prestar el servicio.

En todos los expedientes que se remitieron a la Fiscalía las reclamaciones se resolvieron mediante laudos arbitrales que dieron la razón a los consumidores por considerar que se habían vulnerado sus derechos. Sin embargo, los laudos no causaron efecto disuasorio alguno y la empresa persistió en dicha práctica pese a reconocer su ilegalidad.

Como relata el escrito de demanda, "la presión a los consumidores para que hagan efectivas las facturas irregularmente emitidas incluye la advertencia de que serán incluidos en ficheros de morosos si no las abonan".

En su escrito, el fiscal aporta documentación de casos concretos facilitados tanto por el Instituto Galego de Consumo como por la Oficina de Información al Consumidor del Ayuntamiento.

Aunque, por este motivo, los hechos descritos en la demanda afectan a consumidores con domicilio en la provincia de A Coruña, la Fiscalía apunta que "fácilmente puede deducirse que el número de casos es muy superior teniendo en cuenta la implantación de la demandada en todo el territorio nacional", en el que cuenta, según información oficial de la propia compañía, con más de 19 millones de clientes.

Junto con la demanda principal, la Fiscalía solicita al Juzgado de lo Mercantil la adopción de medidas cautelares con el objetivo de que la operadora cese en dichas prácticas mientras dure el procedimiento judicial.


Esta es la tercera demanda colectiva que presenta la Fiscalía de A Coruña en los últimos años, todas ellas admitidas a trámite por los correspondientes juzgados, que adoptaron las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio público.

En diciembre de 2014 se formuló una contra Vodafone por las limitaciones técnicas que imponía a los teléfonos móviles facilitados a sus clientes, que impedían utilizarlos con otras compañías operadoras.

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