La Fiscalía demanda a Orange por abusos en las cuotas cobradas a sus clientes

Es su tercera denuncia colectiva en defensa de los consumidores, tras las de Vodafone y Gas Natural - La operadora factura la cuota íntegra aunque el contrato finalice antes

21.06.2017 | 01:45

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña ha admitido a trámite una demanda colectiva en defensa de los consumidores y usuarios presentada por la Fiscalía Provincial contra la compañía de telecomunicaciones Orange por "prácticas abusivas en la facturación a clientes que se dan de baja en dicha operadora". Fuentes del Ministerio público informaron ayer en un comunicado de este proceso, cuya vista de medidas cautelares se celebrará el 10 de julio. El juicio del procedimiento principal tendrá lugar el 26 de septiembre. La Fiscalía solicita la adopción de medidas cautelares con el objetivo de que la operadora cese en esas prácticas mientras dure el procedimiento judicial. Consultada ayer por esta redacción, Orange no se pronunció sobre la demanda.

La empresa de telefonía, sostiene Fiscalía, "emite reiteradamente facturas contra los consumidores y usuarios en las que les reclama la cuota correspondiente al periodo completo de la facturación previamente determinado (generalmente mensual) a pesar de que el servicio prestado a los clientes haya finalizado antes de que se complete ese periodo". Según la Fiscalía, esta práctica supone que la empresa requiere a los consumidores que abonen un servicio que no ha prestado, "en lugar de reducir proporcionalmente la cuota para ajustarla al periodo realmente consumido hasta la fecha en que se extingue el contrato".

Como consecuencia, continúa, los consumidores pagan doblemente, puesto que la nueva compañía contratada emite una factura parcialmente coincidente en el tiempo con el periodo cobrado de forma indebida por Orange.

La operadora admitió en múltiples ocasiones, recuerda la Fiscalía, que la factura se había emitido incorrectamente y la anuló como consecuencia numerosas reclamaciones tramitadas a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento, y además se comprobó que el Instituto Gallego de Consumo había tramitado múltiples reclamaciones contra la demandada por facturar periodos completos en lugar de hacerlo hasta que deja de prestar servicio.

En todos los expedientes que se remitieron a la Fiscalía, las reclamaciones se resolvieron mediante laudos arbitrales que dieron la razón a los consumidores, pero dado que no causaron efecto disuasorio alguno y la empresa persistió en dicha práctica pese a reconocer su ilegalidad, se ha interpuesto una demanda. El fiscal aporta documentación de casos concretos facilitados por el Instituto Gallego de Consumo y la Oficina de Información al Consumidor del Ayuntamiento.

Aunque los hechos descritos en la demanda afectan a consumidores con domicilio en la provincia coruñesa, la Fiscalía apunta que el número de casos es muy superior dada la implantación de Orange en España, donde cuenta, según información de la propia compañía, con más de 19 millones de clientes.

La Fiscalía sostiene que "la presión a los consumidores para que hagan efectivas las facturas irregularmente emitidas incluye la advertencia de que serán incluidos en ficheros de morosos si no las abonan".

Esta es la tercera demanda colectiva que presenta la Fiscalía de A Coruña en los últimos años; en diciembre de 2014 se formuló otras contra Vodafone por las limitaciones técnicas que imponía a los teléfonos móviles facilitados a sus clientes, que impedían utilizarlos con otras compañías operadoras.

En octubre de 2015, presentó otra contra Gas Natural por demoras de más de un año en la facturación a clientes, retrasos superiores a lo establecido en la regulación sectorial, y por interrumpir el suministro en el caso de no ser atendidas esas facturas. Respecto a esta última, la Fiscalía presentó el pasado mes de abril, en el Juzgado de lo Mercantil 1 de A Coruña, una demanda ejecutiva contra Gas Natural al tener conocimiento de que se estaban incumpliendo por dicha empresa las medidas cautelares impuestas.

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