El Ayuntamiento tramita la salida del plan de ajuste económico aprobado en 2012

El Gobierno anterior se acogió a un programa de Cristóbal Montoro para obtener un crédito de 7,6 millones para pagar facturas pero que imponía cierta tutela financiera por parte del Estado

23.06.2017 | 01:39
El alcalde y la edil de Facenda, en la entrada de un pleno.

El Concello se acogió en 2012 a un plan del Ministerio de Hacienda que, por un lado, facilitaba un crédito estatal de 7,6 millones para el pago a proveedores y, por otro, obligaba a estar supervisado por el área de Cristóbal Montoro y diseñar un programa de actuaciones para aumentar los ingresos y reducir los gastos. Por ejemplo, se empezó a cobrar la tasa de terrazas y se intentaron reducir al máximo los gastos corrientes y los alquileres para oficinas municipales. Cinco años después, el Gobierno de Marea inicia los trámites para la salida de este plan de ajuste que impediría, por ejemplo, formar un consorcio con otras administraciones para gestionar el futuro de los muelles. Otros ayuntamientos españoles, como Valencia, han emprendido el mismo camino

El Gobierno local ha iniciado los trámites para que el Concello salga del plan de ajuste del Ministerio de Hacienda en el que entró en 2012 al acceder a un crédito estatal para pagar a proveedores. De los 7,6 millones que se solicitaron hace cinco años, quedaban 5,08 por devolver. Se usará para ello el dinero en caja procedente del superávit del pasado año. El Ejecutivo municipal argumenta que la cancelación del plan permitirá levantar "muchos vetos" impuestos por el Gobierno central a los municipios que se acogieron a este programa, pensado para que, en plena crisis, la Administración local se pusiese al día en su deuda con las empresas y entidades que le prestaban servicios.

La deuda comercial se convertía con esta operación de 2012 en deuda financiera. El crédito solicitado por el Gobierno de Carlos Negreira al Instituto de Crédito Oficial (ICO) se tenía que reintegrar en diez años. El plan pretendía ahorrar 21 millones de euros a lo largo de esa década con medidas de recorte en los gastos (tarifas telefónicas, reducción del alquiler de inmuebles, agrupación de contratos, coches oficiales) y aumento de ingresos (tasa de terrazas, impuesto de bodas, cesión del cobro de multas provinciales a la Diputación).

El Ejecutivo del PP argumentaba hace cinco años que acogerse al plan era necesario para pagar facturas que habían dejado sus antecesores. El PSOE y el BNG replicaban que el préstamo era innecesario y que se recortarían servicios. Para el actual gobierno, amortizar la deuda con el ICO para salir del plan de ajuste permitirá aumentar la autonomía del Concello en el ámbito económico-financiero, "además de reducir la deuda municipal".

La junta de gobierno aprobará hoy la cancelación del crédito, tras comprobar con el Interventor municipal, el Ministerio y la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local que, una vez confirmada la operación, el plan de ajuste ya no estaría vigente. El préstamo estatal se amortizará con el remanente líquido de tesorería, esto es, el dinero en caja del que dispone el Concello, que suma 20,1 millones.

El Interventor municipal ha dado el visto bueno a la decisión, al considerar que "no produce inestabilidad". El habilitado nacional recuerda que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria señala que si hay superávit, debe destinarse a "reducir el nivel de endeudamiento neto". "El suplemento de crédito no solo es legal, sino que casi podríamos decir que obligatorio", concluye.

Pero el trámite no queda concluido con la aprobación de la junta de gobierno de hoy. Tiene que pasar por pleno, al tratarse de un suplemento de crédito, es decir, un cambio en el presupuesto que tiene que ser avalado por la mayoría de la Corporación municipal, donde el Ejecutivo está en minoría. Es obligatorio, por tanto, que cuente con el apoyo en pleno, al menos, del PSOE.

Para el Consorcio de los muelles

El plan de ajuste imponía, además del cumplimiento de las propuestas que hizo el Concello para reducir gastos y aumentar ingresos, una serie de limitaciones a los municipios que se acogiesen a él. Hacienda consideraba que, si el ayuntamiento en cuestión necesitaba el crédito del ICO, tenía que someterse a una tutela económico-financiera que limitaba su libertad de movimientos.

Como medida preventiva, por ejemplo, no podrían "adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante su vigencia". Tampoco podrían realizar aportaciones a otras entidades dependientes, como empresas municipales, ni ampliar su capital a no ser que lo autorizase el Ministerio.

Es un punto que destaca en la nota de prensa del Concello la concejal de Facenda, Eugenia Vieito, puesto que el plan de ajuste impediría a A Coruña participar, por ejemplo, en un Consorcio, "una fórmula que podría emplearse" para que diversas administraciones gestionasen la transformación de los muelles liberados.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Noticias relacionadas

esquelasfunerarias.es
Enlaces recomendados: Premios Cine