Después de 43 meses, la evaluación ambiental del proyecto de dragado de la ría de O Burgo ve la línea de meta. El expediente está concluido, según ha publicado en su web el Ministerio de Medio Ambiente, y solo queda que el departamento responsable emita su veredicto. Lo debe hacer, según la ley, en un plazo de tres meses desde la recepción del informe completo. Confirmada la autorización y con el plan definitivo en la mano, el Gobierno de Mariano Rajoy debería comenzar a licitar las actuaciones para limpiar y regenerar las aguas coruñesas. De los 46,3 millones que prevé necesarios el proyecto de dragado redactado en 2015, los Presupuestos Generales del Estado, aún en trámite, solo reservan un millón para este año y siete en total hasta 2020, volviendo a alargar la actuación.

El documento llegó a manos de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental el pasado 6 de junio, según acaba de publicar el Ministerio. El proceso comenzó el 22 de octubre de 2013, con la solicitud de la evaluación de impacto ambiental. Según los plazos marcados, la redacción definitiva del dragado tras la autorización ambiental tendría que haberse concluido hace un año, pero los tiempos se fueron estirando. Según la publicación del Ministerio, ya cuentan con las respuestas a todas las alegaciones y los informes pertinentes de todas las administraciones implicadas como Augas de Galicia o la Subdirección General de Residuos.

La ministra Isabel García Tejerina señaló en una comparecencia en el Congreso en mayo, por una interpelación de En Marea, que sería la declaración de impacto ambiental la que marcaría las inversiones y los plazos. "Mientras no haya declaración ambiental, no se pueden licitar proyectos en la ría", respondió a las críticas por la falta de compromiso económico. Cuando tenga en la mano el informe, supuestamente en su etapa final, el Ministerio tendrá que concretar, según lo argumentado por la ministra, fechas e inversión.