El impuesto de plusvalía tiene los días contados y el Concello recibe ya las primeras reclamaciones judiciales tras las sentencias que, entre febrero y mayo, emitió el Tribunal Constitucional en contra de la aplicación de este polémico tributo, objeto de recursos en todos los ayuntamientos de España que comenzaron a aplicarlo. En los últimos cuatro años, periodo sobre el que se podría aún reclamar de manera retroactiva, el Ayuntamiento coruñés recaudó 22 millones de euros por este concepto.

La junta de gobierno aprueba hoy personarse en dos recursos de propietarios, una empresa constructora y un particular, que han optado por la vía judicial después de que el Concello les negase por vía administrativa la devolución del impuesto liquidado. A ellos se suman otros dos procedimientos abiertos en primavera. Algunos de los recurrentes explican que hacía tiempo que estudiaban la posibilidad de recurrir, dadas las múltiples sentencias en contra de los ayuntamientos en toda España, pero que las decisiones del Constitucional acabaron de confirmar sus intenciones.

La plusvalía recibe oficialmente el nombre de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Grava la venta o traspaso de inmuebles por el supuesto aumento de valor de los mismos, con una forma de calcularlo que puede llegar a obligar a tributar por propiedades que incluso se han depreciado. Es lo que ha puesto en evidencia con sus sentencias el Tribunal Constitucional, que entendió que esto "carece de toda justificación razonable". El impuesto se fija sobre el valor catastral y el número de años que se tiene en propiedad lo que, para el tribunal, son datos "ajenos a la realidad económica" y del mercado.

La repercusión en las arcas municipales no es menor. Por un lado, están las reclamaciones retroactivas de los afectados que consideran que la vivienda no incrementó su valor inmobiliario. Eso sí, tienen que considerar oportuno que, por la cantidad reclamada, merece la pena embarcarse en un procedimiento judicial contra la Administración. Por otro lado, está el dinero que se dejará de ingresar anualmente por este concepto. Los alcaldes han solicitado al Ministerio de Hacienda que revise este cobro.

Desde 2008, el Concello, con un presupuesto que ronda los 240 millones de euros, recabó 46 millones por la plusvalía. La recaudación, además, ha aumentado en los últimos años. En 2008, el erario municipal recibió 4,2 millones de euros por este impuesto; en 2009 ascendió a 5,74; y a partir de ese año se mantuvo por debajo de los cinco millones de euros hasta 2013.

A partir de ese ejercicio la recaudación se ha incrementado a pesar de que la crisis persiste. En 2014, el Concello ingresó 5,88 millones de euros, una cantidad que superó ampliamente lo presupuestado a principios de año (4,3). También se liquidó por encima de las previsiones en 2015: ingresó la cantidad récord de 6,11 millones de euros, cuando se presupuestaron 5,2 millones. El año pasado obedecerá, presumiblemente, a la misma tendencia, aunque la liquidación aún no está cerrada. A 24 de noviembre se registraban derechos reconocidos por 5,2 millones. Los presupuestos de 2017, pendientes de aprobación, estiman que se ingresarán 6,2 millones de euros, de un presupuesto total de 244 millones de euros.