El plazo fijado por la resolución dictada el año pasado por la Consellería de Medio Ambiente en la que obligaba a la empresa Albada, concesionaria de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, a que comenzase el sellado del vertedero que aún está pendiente de clausurar terminó ayer sin que la orden haya sido cumplida. El departamento autonómico había fijado el 30 de junio como la fecha límite para que se pusieran en marcha las obras, aunque la compañía ya le había transmitido por vía administrativa su oposición.
Albada mantuvo su postura incluso a pesar de que la consellería le advirtió el pasado 7 de junio de que debía cumplir la orden y de que su incumplimiento supone una infracción administrativa que puede implicar la imposición de sanciones económicas.
Al constatarse que el proyecto no se había iniciado, el alcalde, Xulio Ferreiro, reclamó ayer a la Xunta que exija a Albada que "cumpla" este requisito, imprescindible para que la empresa reciba la autorización ambiental para desarrollar su actividad. El Gobierno gallego había previsto inicialmente que los trabajos de sellado del depósito de residuos fueran costeados por el Concello, que debía abonar los 3,5 millones de euros en los que se calcula su realización.
El Gobierno local recurrió esta resolución y consiguió que en junio de 2016 la concesionaria fuese responsabilizada de acometer y financiar los trabajos, para cuya ejecución le dio el plazo de un año. Pero Albada no solo recurrió la obligación de llevar a cabo el sellado, sino que incluso solicitó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que admitiese la suspensión cautelar de la orden de la Xunta mientras no se resolviese el pleito, aunque su petición fue desestimada.
El vertedero cuya clausura se exige a la concesionaria de la planta se llenó por completo en julio de 2007, momento en que fue necesario trasladar a otros lugares los residuos que no pueden ser tratados en Nostián. El Concello iba a ser en principio el que realizase las obras y recibió en 2010 autorización para sellar el depósito, pero con la llegada del PP al Gobierno local se demoraron hasta que se realizasen unas auditorías sobre las cuentas y el funcionamiento de la planta. Aunque se llegó a presupuestar una cantidad para comenzar los trabajos, finalmente no se pusieron en marcha y el recurso del Ejecutivo de Marea Atlántica traspasó la responsabilidad a Albada.