El anterior Gobierno local se sumó al plan de ajuste en 2012, una línea de crédito que ofrecía el Ministerio de Hacienda a los ayuntamientos que tenían problemas para hacer frente a las facturas de sus proveedores. El Concello suscribió un crédito de 7,6 millones de euros para contar con liquidez y, tras el pleno del lunes, cancelará la deuda que todavía le queda de 5,08 millones, ya que el préstamo de este dinero tiene restricciones, como que los ayuntamientos no puedan sumarse al nacimiento de entidades y consorcios ni aportar capital a fundaciones, pero ¿qué supuso el plan de ajuste para la ciudad?
El Concello tenía que hacer una previsión de ahorro y un plan con medidas para contar con fondos que le permitiesen devolver el crédito al Estado. En el cuarto trimestre de 2016, Intervención realizó un informe de seguimiento sobre la implantación de estas medidas, algunas dieron sus frutos, otras, sin embargo, no han pasado del papel después de cinco años.
El plan de ajuste preveía, por ejemplo, unos ingresos en 2016 de 212.273 euros por las tasas de las terrazas, sin embargo, la recaudación superó en poco los 35.5000 euros. Tampoco se cumplió la previsión de sumar 31.840 euros a las arcas municipales por la puesta en marcha de una tasa de bodas, ya que el Gobierno local decidió suprimirla por considerarla "injusta", según explicó el pasado lunes la concejal de Facenda, Eugenia Vieito, en el pleno en el que solicitó el apoyo de los grupos para cancelar la deuda con el Ministerio -finalmente, votaron a favor del asunto Marea, PSOE y BNG. El PP se abstuvo-. Otra medida que no tuvo el efecto esperado fue la de la recaudación de 800.000 euros por sanciones de tráfico impuestas a no residentes en el término municipal en virtud de un convenio firmado con la Diputación. Según informa la Oficina Orzamentaria, durante 2016 no se liquidó ningún importe por este concepto, a pesar de que el acuerdo data de 2012.
En cuanto a los ingresos por arrendamiento de viviendas del Concello, el plan preveía una aportación de 76.418 euros en 2015, una cifra que, en 2016, ascendió a 202.748 euros, después de que se adjudicasen en 2012 y 2013 un total de 87 viviendas.
En la partida de ahorro, el Concello propuso recolocar servicios municipales como el 010 y Medio Ambiente en oficinas propiedad del Ayuntamiento o de Emalcsa. Esta actuación supuso un ahorro de 168.214 euros a las arcas municipales. Superó también las previsiones de ahorro la reducción del gasto de telefonía móvil y fija, en el informe consta que el ahorro de 2016 con respecto al gasto de 2011 supera los 311.000 euros -ya que pasa de los 562.524 de 2011 a los 251.394 de 2016-. El hecho de no utilizar los coches oficiales supuso un ahorro de 146.336 euros anuales a las arcas municipales, ya que no fue necesario pagar su mantenimiento.
El mayor ahorro parte de la reducción del coste anual de la gestión de tratamiento de residuos no reciclables, ya que se pasó de pagar 2,9 millones de euros en 2011 a casi 2,1 millones cinco años después, por lo que el ahorro fue de más de 800.000 euros. La partida de servicios postales bajó también de 811.000 euros a 460.000.
La supresión del seguro privado de los miembros de la Corporación, así como la rebaja en los gastos protocolarios supusieron un ahorro de casi 450.000 euros en 2016 con respecto a 2011. Destaca la partida de relaciones públicas que pasó de 250.000 euros a 22.000 y la de atenciones protocolarias, que se redujo en 118.500 euros -de 134.504 euros a 16.000-.
En 2012, el BNG ya había mostrado su disconformidad con que el Concello se adhiriese a este plan de ajuste ya que implicaba muchas restricciones. El Ayuntamiento, por ejemplo, no forma parte de los fundadores de la fundación del Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións de Galicia (Citic), ya que, en 2015 no podía aportar capital para el desarrollo de esta iniciativa.
