De cumplirse, esta vez sí, las previsiones, el curso político en la ciudad comenzaría con una cita crucial para su futuro, la reunión entre Puertos del Estado, Autoridad Portuaria y Concello para llegar a un acuerdo por la liberación de los muelles y otras cuestiones conjuntas que resolver como la venta de La Solana y la cesión al patrimonio municipal de los terrenos de la Marina. En su Memoria anual de 2016, que se acaba de publicar, el presidente portuario, que veía indispensable la venta de los terrenos litorales desafectados para aliviar su carga económica por Langosteira, enfila esta negociación. Señala que el "éxito" residirá en que las partes se sienten con "equilibrio y coherencia" porque hay que conjugar, por un lado su "compromiso" de financiación del puerto exterior, con "las expectativas de la sociedad", que no define.

La Autoridad Portuaria repasa su gestión de 2016 en una memoria que debe publicar cada año y que encabeza siempre una visión general de su presidente, Enrique Losada, que vuelve a realizar una revisión positiva de su gestión, en la que resume un ejercicio marcado por las tensiones por el futuro del litoral coruñés como un año "especialmente intenso" en "el ámbito de las relaciones puerto-ciudad". "Tenemos el convencimiento de que la liberación de los muelles se llevará a cabo de forma que potencia nuevas oportunidades para las generaciones actuales y futuras", describe. Por lo avanzado en los últimos meses, el Concello pondrá encima de la mesa una fórmula de colaboración, un consorcio o similar, con participación de todas las Administraciones, incluida la Xunta, como el que propició la transformación de Bilbao (Ría 2000).

Según los convenios firmados en 2004, el Concello tiene la obligación de aprobar la planificación urbanística que permita enajenar y vender los muelles. Pero el plan actual posibilita edificios terciarios (comercios, hoteles, hostelerías, oficinas...) de hasta nueve plantas en Batería y Calvo Sotelo y la construcción de bloques altos con más de cuatro mil pisos en San Diego, algo que el Gobierno municipal de Marea quiere evitar para primar, por encima de la vivienda, a los espacios libres y a una zona de innovación empresarial relacionada con el mar.

Tras la intervención de Puertos del Estado y las mociones aprobadas en el pleno coruñés para repensar la fachada marítima, el Puerto no se cierra a esta cuestión siempre que pueda tener ingresos para el pago del puerto exterior. Será la reunión aplazada durante meses prevista para septiembre la que siente las bases de la negociación.

Losada aborda, en su introducción a la Memoria anual, otro de los asuntos que se retomarán con el inicio del curso político: el acceso ferroviario a punta Langosteira. Si se cumplen las previsiones, será tras el verano cuando esté el documento final del proyecto y, por tanto, la obra se podrá sacar a concurso en breve.

Pero la financiación, unos 120 millones de euros, sigue en el aire. Ya en junio, el presidente se mostraba "preocupado" por cómo se iba a costear una infraestructura que limita el traslado de una parte importante del tráfico a Langosteira. Actualmente, el único mecanismo disponible es el Fondo de accesibilidad portuaria, que es una inyección económica procedente de puertos con beneficios pero que supondría un nuevo préstamo que la Autoridad Portuaria tendría que devolver en solitario, nueva autofinanciación que se sumaría a los más de 300 millones adeudados. El Puerto pretende evitarlo.

Con el proyecto casi listo, no hay aún una solución. Enrique Losada asegura en la memoria que cuenta con el "apoyo" del Ministerio de Fomento y de Puertos del Estado "al objeto de definir mecanismos de ejecución y financiación viables y adecuados".