El pleno debatirá una moción sobre la planta de residuos de Arteixo

La iniciativa insta a la Consellería de Medio Ambiente a paralizar las instalaciones, que rechazan los vecinos de Mesoiro y Feáns

03.09.2017 | 15:12
Zona en la que se prevé la construcción de la planta de residuos.

El pleno municipal coruñés debatirá, en la primera sesión del curso del lunes 11, sobre la planta de residuos industriales de Santa Icía, que la empresa Gesmaga ha proyectado en suelo rústico del municipio de Arteixo y que ha levantado en armas a vecinos del entorno y de los barrios de Novo Mesoiro, Mesoiro y Feáns. El grupo del Gobierno local llevará una moción para que la Corporación demande a la Xunta que paralice la construcción de las instalaciones, cuyo estudio de impacto ambiental se halla en proceso de información pública y alegaciones, "por no tener en cuenta ningún tipo de medida respetuosa con el medio ambiente" y "omitir las repercusiones que tendrá su puesta en marcha en las condiciones de vida de las poblaciones más próximas".

Todos los partidos con representación en la Corporación a excepción del PP -Marea Atlántica, PSOE y BNG- han presentado alegaciones en contra de las instalaciones por su impacto ambiental sobre el entorno. El Gobierno municipal insiste en que la Consellería de Medio Ambiente tendría que haber inadmitido la solicitud de la empresa por las carencias de documentación. El viernes, en una visita a la ciudad, la conselleira responsable, Beatriz Mato, justificó que esa tramitación es obligatoria como Administración: "No sé cómo trabaja el Concello de A Coruña, pero me gustaría creer que trabaja bien, en el sentido de que cuando alguien presenta un papel se tramita". El Concello replica que es la propia ley gallega la que ofrece esta posibilidad de inadmisión.

La ley de Avaliación Ambiental de 2013 indica, en su artículo 45, que las solicitudes de proyectos como este deben ir acompañadas de una serie de documentación que contenga varios contenidos como "la motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada", "una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales" y "una evaluación de los efectos previsibles sobre "la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono del proyecto".

También debe incluir "las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto". En este caso, si se detectase la falta de uno de estos contenidos y con un plazo de diez días para solventar cualquier carencia, la consellería podría haber devuelto el proyecto antes de remitirlo al órgano ambiental para su evaluación que, por su parte, también podría inadmitirlo, "si estimase de modo inequívoco que el proyecto es manifiestamente inviable por razones ambientales" o "si estimara que el documento ambiental no reúne las condiciones de calidad suficientes".

Para el Gobierno local este segundo particular es algo manifiesto porque la propuesta de la empresa "no estudia ni analiza alternativas ni recoge las causas que justifican la actuación" ni tampoco "aporta información sobre las infraestructuras e instalaciones necesarias para el propio funcionamiento de la planta, tales como el abastecimiento de agua, el saneamiento o el tendido eléctrico". "No propone medidas correctoras suficientes para el ruido, el polvo o respecto al paisaje y la ordenación territorial". Creen además que entra en contradicción con la Lei do Solo por instalarse en suelo rústico protegido forestal.

El Ejecutivo acusa a la consellería de falta de diálogo con los vecinos y analiza que es ahora, tras las alegaciones de vecinos y partidos, cuando el área de Beatriz Mato "está dispuesta a recular". El departamento autonómico avanzó ayer que el proyecto tendrá una evaluación ambiental completa y no simplificada, por lo que estudio será más complejo y se demorará más de medio año. Fuentes de la Xunta avanzaron también que la legislación gallega da prioridad a que estas plantas se sitúen en suelo industrial y no en rústico. El Gobierno municipal de Arteixo, gobernado por el popular Carlos Calvelo, defiende las instalaciones dentro de su término municipal.

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