Las posturas de partidos y administraciones para cambiar el futuro escrito hace una década para la costa portuaria coruñesa comienzan a confluir. Unanimidad en el pleno municipal y en la Cámara gallega. También la Xunta ha anunciado que tomará parte. El Concello busca una fórmula, una entidad mixta, que lleve el timón de la gran transformación prevista para la ciudad en las próximas décadas. El alcalde afirma que el primero en conocerla será el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, en una reunión aún sin fecha.

►¿Por qué se plantea la creación de esta entidad? Es un momento clave para la fachada marítima. En las previsiones económicas del Puerto figura la venta de parte de los muelles de Batería a San Diego. Alega que necesita cumplir sus compromisos económicos y pagar los créditos por el puerto exterior, que acumula sobrecostes importantes: se adjudicó a Dragados en 2004 por 429 millones y se prevé cerrar el coste en unos 750 millones. En el otro lado, el Concello exige que los terrenos a pie de mar, que comienzan a quedarse liberados con la mudanza a Langosteira, sigan siendo de titularidad pública. Un convenio firmado en 2004 por el Gobierno vazquista y Fomento auspicia la operación de venta, con la que se preveían ingresar, en plena euforia inmobiliaria, 250 millones. Es el convenio que el Concello quiere revisar, implicando al resto de administraciones con una "fórmula" de participación conjunta.

►¿Quiénes estarían en dicha entidad? El alcalde, Xulio Ferreiro, planteó ayer que, de manera prioritaria, deben estar los actores directamente implicados: Puertos del Estado, Autoridad Portuaria y el Concello, competente para proceder a la recalificación de los terrenos, sin la que el Puerto no podría vender. También estaría la Xunta. Ferreiro pidió su participación al presidente Núñez Feijóo en una reunión en febrero. La Consellería de Mar señaló ayer, tres días después de un acuerdo por unanimidad del Parlamento gallego en este sentido, que está dispuesta a sumarse una vez se concrete la fórmula. Para el alcalde, "es muy buena noticia que las cosas que hace dos años" decían "en solitario" sean hoy "el sentir común". "Es necesario que la Xunta se una, es una buena noticia", indicó ayer en rueda de prensa Ferreiro, que dice que "es posible" que se una alguna administración más.

►¿En qué fase está la constitución? Embrionaria. El alcalde afirma que tiene un borrador que quiere presentar en primer lugar a Puertos del Estado. El problema es el presidente del ente, dependiente de Fomento, lleva meses aplazando el encuentro a tres bandas. Primero fue por el conflicto de la estiba, después llegó el verano. El regidor, Xulio Ferreiro, afirmó que ayer mismo su gabinete y el de José Llorca intentaban "cuadrar agendas". Aún no hay fecha confirmada. Tras presentárselo a Puertos del Estado, irá con él a la Xunta. Después "hay decisiones políticas que hay que tomar" como "el peso de cada administración, la financiación, la presidencia, la sede". "Hay cosas que pueden caer de cajón y otras que hay que hablar", indicó ayer el regidor en rueda de prensa.

►¿ Hay experiencias de entidades similares? El pasado junio el Foro Radio Coruña permitía mirarse en las experiencias de Bilbao Ría 2000 y la Marina de Valencia, cuyos dirigente señalaron que el "consenso" es el punto de partida para un desarrollo como este. La transformación de Bilbao se gestionó desde una empresa pública formada por Gobierno vasco (15%), Diputación de Bizkaia (10%), los ayuntamientos de Bilbao (15%) y Barakaldo (5%), la Autoridad Portuaria (15%), Adif y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (25%). Su puesta en marcha también se benefició del contexto político en Madrid en el momento de su constitución, gracias al peso de los votos del PNV en la Cámara Baja. La Marina de Valencia (Valencia 2007) es un consorcio formado por Gobierno central, Generalitat y Ayuntamiento. La Autoridad Portuaria cedió los terrenos a la ciudad de manera gratuita tras las celebraciones de la Copa América y las carreras de la Fórmula 1, además del puerto viejo, que estaba en desuso. Las competiciones dejaron una deuda de 450 millones de euros que las administraciones valencianas son incapaces de afrontar. La intención es que las asuma el Estado. No había un plan para usar La Marina después de la Copa del América. El pasado marzo la sociedad presentó un plan estratégico.