Nueva etapa para un inmueble condenado

Veinte años en los juzgados

El primer contencioso por el edificio Fenosa se presentó en diciembre de 1997, antes de que se iniciase la reforma de un valorado ejemplo de arquitectura racionalista de la ciudad

14.09.2017 | 12:33
Aspecto del edificio Fenosa antes de su reforma.

El 15 de diciembre de 1997, casi hace dos décadas, se iniciaba el contencioso por la reforma de la antigua sede de Fenosa en Fernando Macías. Fadesa compraba el inmueble y sustituía uno de los ejemplos de arquitectura industrial de la ciudad de la década de los sesenta y setenta por otro de menor valor artístico y patrimonial destinado a viviendas y oficinas en una zona en alza de la ciudad.

El inmueble se construyó en 1961 para albergar solo oficinas, pero se fue vaciando de manera progresiva tras la fusión de Fenosa y Unión Eléctrica y el traslado del centro de poder de la firma a Madrid. A principios de aquel 1997, Fenosa propone un concurso por invitación para el inmueble: haría una permuta con una empresa constructora, que a su vez tendría que presentar un proyecto para su rehabilitación y adaptación para pisos y locales. Una de las propuestas la firmaba Valentín Souto, el arquitecto que se acabó convirtiendo en impulsor de la denuncia contra la ilegalidad cometida en Fernando Macías.

Según explicaba en un artículo en este periódico en 2010, quiso ajustar su proyecto a la normativa urbanística en vigor, que en aquel momento el plan general de 1985. La revisión del ordenamiento no sería aprobada por el Gobierno de Francisco Vázquez hasta 1998. "Además de analizar las características constructivas y arquitectónicas del edificio, estudié detenidamente sus circunstancias urbanísticas y conocí al detalle la problemática que le afectaba para su rehabilitación y cambio de uso. En consecuencia, en la memoria de mi anteproyecto expliqué, entre otras cuestiones, que era necesario redactar y tramitar un estudio de detalle para modificar la calificación de la manzana -mecanismo previsto en el entonces vigente PGOM-, ya que la normativa urbanística aplicable no hacía viable la operación", comentaba en su relato.

Pero la empresa no llegó a efectuar la permuta y vendió directamente a Fadesa el edificio. El cheque: 2.250 millones de pesetas. En noviembre de 1997, el Concello concede la licencia para la rehabilitación. A Souto le sorprendió la "celeridad" y la falta de tramitación del "estudio de detalle" para el desarrollo de la promoción inmobiliaria. Francisco Vázquez era alcalde y Salvador Fernández Moreda, concejal de Urbanismo. "Cuando lo examiné y analicé, pude ver con estupor que las dificultades urbanísticas que yo había detectado al preparar mi propuesta se habían resuelto por la expeditiva vía de obviarlas y soslayarlas, pasando por encima de ellas como si no existieran", seguía el relato de 2010. Por eso, antes incluso de que se iniciasen las obras, él y su mujer plantearon el recurso contencioso-administrativo contra la licencia de las obras.

Por un lado se sentían perjudicados por el trabajo que habían realizado "en vano", por otro no querían "vivir en un país en el que la ley no sea igual para todos los ciudadanos" y sí evitar la "absolutamente inadmisible transformación arquitectónica" de un "meritorio" edificio racionalista de la ciudad, proyectado según las corrientes vanguardistas de la época. La sentencia firme de derribo llegó en 2001 por parte del Tribunal Superior, fallo al que se ha remitido el Supremo en su dictamen de abril de 2016, que se ha revelado clave en este largo camino judicial. El incidente de inejecución que confirma la providencia conocida ayer es el cuarto que se desestima en este contencioso.

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