El Gobierno de Mariano Rajoy manifiesta que la bandera republicana "no es constitucional" y por ello "no se puede hacer uso" de la misma "en un edificio público". Así contesta a una pregunta del diputado de En Marea en el Congreso, Antón Gómez Reino, sobre la denuncia interpuesta por la Delegación del Gobierno contra el Ayuntamiento por desoír su orden de retirar la tricolor del balcón de la casa museo Casares Quiroga, donde cuelga desde abril.

El Gobierno central argumenta que en los edificios públicos podrían aparecer, junto a la española, los pendones "de la propia Comunidad Autónoma, del municipio o la provincia, la de la Comunidad Foral y la de la Unión Europea" pero no otras banderas como es el caso de la republicana.

El pasado 14 de abril, con ocasión de la conmemoración de la proclamación de la Segunda Republicana, el Gobierno local instaló la tricolor en el edificio situado en el número 12 de la calle Panaderas. Cuatro días después, la Delegación en Galicia requirió al Concello que retirase la insignia. El 25 de abril, el Concello respondió, previo informe de la Asesoría Jurídica, que, al contrario de lo que sostenía la Delegación del Gobierno, no estaba incumpliendo la ley que establece que la actual bandera de España es la que debe ondear y ser exhibida en las "sedes de los órganos constitucionales del Estado y en la de los órganos centrales de la Administración del Estado". Entonces el Gobierno central llevó el asunto a los juzgados de lo contencioso-administrativo, que la han admitido a trámite, argumentando que la actuación del Concello vulnera la Ley de Símbolos, mientras que para el Ejecutivo local supone un homenaje más a Casares Quiroga, jefe de Gobierno de la Segunda República.

El alcalde, Xulio Ferreiro, comentó que la insignia "está dentro de la legalidad" ya que la casa no es un edificio administrativo sino que es un museo dedicado al político republicano de origen coruñés. Además, defendió el regidor, la enseña no pende de ningún asta. A esto también responde el Gobierno, alegando que la bandera republicana no puede estar "ni en el balcón principal, ni en cualquiera de sus fachadas o ventanas se trate o no de un mástil o de cualquier otro tipo de exhibición pública".

La nueva contestación del Ejecutivo se contradice con la que recibieron los senadores de Compromís el pasado julio. Estos solicitaban al Gobierno una explicación ante las "amenazas preventivas" que la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana dirigió a ayuntamientos y diputaciones antes del 14 de abril, ante la posibilidad de que se colgase la tricolor en las fachadas. En aquel momento, hace solo dos meses, el Ejecutivo explicó que "la mera exhibición de banderas no resulta punible" y que mostrarlas "en principio no es ilegal ni inconstitucional" siempre y cuando no se relacione con "una conducta activa propia de un crimen de odio o discurso que ensalce la violencia".