El castro aplazado

El Concello y Fomento firmarán una nueva prórroga, hasta 2018, para el proyecto del yacimiento de Elviña. El Ministerio advirtió en 2016 de que retiraría su financiación si no se justificaba la obra

30.09.2017 | 19:04
Estructuras excavadas del castro de Elviña.

No va más para el castro de Elviña. Tras permanecer casi sin actividad desde 2013, salvo limpiezas de vegetación puntuales, los trabajos se tienen que finalizar y justificar el próximo año, si no se quiere perder parte de la ayuda que otorgó el Ministerio de Fomento en 2008 a cargo del 1% cultural. La junta de gobierno ha aprobado hoy una adenda al convenio con el Gobierno central para poder prolongar la actuación hasta 2018. El contrato para desarrollar el proyecto se firmó en mayo y el permiso de Patrimonio, que impone condicionantes, llegó este mismo julio. A inicios del pasado año, Fomento amenazó con anular el convenio entre las dos administraciones si desde María Pita no se justificaba la inversión.

Es la tercera adenda que, a petición del Ayuntamiento, se firma desde 2011. Fomento aceptó en 2008 aportar 1,7 millones de euros, costeados por el programa del 1% cultural, al Proyecto Artabria, para la "actuación arqueológica en el yacimiento del castro de Elviña" a petición del Gobierno municipal en aquel momento, formado por PSOE y BNG. En virtud del convenio, que se firmó en agosto de ese mismo año, el plan se dividiría en cuatro anualidades, hasta 2011.

El 17 de octubre de 2011, ya con el PP en el Gobierno, el Ministerio abonó las anualidades correspondientes a 2008 y 2010 pero no la última porque había aún actuaciones sin desarrollar. Es en ese mismo otoño cuando se firma la primera adenda del convenio con el Ministerio, que ampliaba a 2014 la duración del acuerdo y, por tanto, de los trabajos. A partir de 2013, se quedó prácticamente sin actividad arqueológica al rematar la fase de la actuación para la que había proyecto.

En 2014, el arqueólogo municipal firmó un proyecto nuevo para una nueva fase, que está en ejecución y a la que también atravesó otro cambio de guardia en el Consistorio. Debido "al ritmo de ejecución de las obras", se firmó una segunda adenda, ya en agosto de 2015 y unos meses después el Gobierno de Marea paralizó el concurso para adjudicar la intervención por un "error no subsanable" en el procedimiento abierto, con la promesa de volverlo a licitar.

Pero el Ministerio de Fomento se cansó de esperar por la ejecución de una obra reincidentemente aplazada y remitió a principios del año pasado una carta en la que daba un ultimátum, después de solicitar "en repetidas ocasiones" en 2015 la justificación de la inversión. O se presentaban los papeles o se mostraba algún tipo de intención de seguir, o suspendería el convenio, con la pérdida de unos 600.000 euros para excavar y fomentar la divulgación del yacimiento. Tras un nuevo concurso público convocado en diciembre, la empresa Desarrolla ganó el contrato, que se firmó en mayo de este año.

La adenda del convenio, según el expediente aprobado ayer por la junta de gobierno, no puede prolongarse más allá de 2018. El plazo de ejecución de la obra, una vez iniciada, es de ocho meses, según el pliego de condiciones de la licitación municipal. El plazo estimado de los trabajos de campo es de cinco meses, a los que se suman otros tres para concluir la memoria técnica y realizar labores de interior como el tratamiento y catalogación de las piezas que se encuentren. El proyecto, recuperado de 2014, pretende consolidar las estructuras descubiertas y hacer llegar a la población la importancia de este yacimiento arqueológico y relega las nuevas excavaciones e investigaciones.

Exigencias de la Xunta

El proyecto de 2014, firmado por el arqueólogo municipal, ha seguido un complicado camino paralelo para obtener el permiso de la Dirección Xeral de Patrimonio, que ha condicionado su sí a la intervención en el castro, declarado Bien de Interés Cultural, a que se cumplan una serie de exigencias de los técnicos autonómicos. Su autorización fue firmada este verano, en julio.

Según informan desde la Xunta, Patrimonio ha impuesto una serie de exigencias. La primera, que se tendrán que ir pidiendo más permisos a medida que avance la actuación. Esto es, hay una serie de áreas en las que se desconoce qué estructuras se intervendrán. Tras limpiar y excavar y que estas salgan a la luz, el Concello tendrá que hacer un diagnóstico individualizado de cómo es su estado de conservación y presentar la respectiva propuesta para su "consolidación o protección". Por otro lado, el arqueólogo deberá comunicar el inicio y final de la actividad y "un informe valorativo" de la misma.

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