Puertos vuelve a la ciudad para negociar el futuro del litoral tras nueve meses de ausencia

El presidente de la entidad dependiente del Ministerio de Fomento y el alcalde se sentarán el 24 de octubre para decidir la titularidad de los terrenos y la generación de recursos para costear la dársena exterior

30.09.2017 | 12:19
Llorca, a la derecha, junto a Enrique Losada y frente a Xulio Ferreiro, de espaldas, en la reunión de enero.

El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, ha encontrado al fin una fecha libre en su agenda para volver a A Coruña y negociar con el Puerto y la Autoridad Portuaria la transformación del borde litoral, con la gestión del uso de los muelles urbanos y el pago de la deuda del Puerto por la construcción de la dársena de Langosteira como principales frentes. El encuentro, que llega tras varios aplazamientos, se produce nueve meses después de la anterior visita de Llorca, tras la suspensión de la subasta de la parcela de La Solana y el hotel Finisterre y el inicio de la tramitación de un cambio en el plan general que garantice el complejo deportivo como suelo público. El Concello reclama una "solución global", en la que podría tener cabida una quita sobre la deuda portuaria

La esperada cumbre Ayuntamiento-Puertos del Estado-Autoridad Portuaria ya tiene fecha concreta, salvo cambio de última hora. Será el 24 de octubre en el Palacio de María Pita a las diez y cuarto de la mañana, casi nueve meses después de que, tras concluir la primera reunión, las tres instituciones acordasen volver a citarse en la ciudad para decidir el futuro de los muelles interiores y la forma de asumir la deuda del Puerto coruñés por la construcción de la dársena de punta Langosteira.

Habrá que esperar por tanto al próximo mes para conocer qué progresos han experimentado las conversaciones lejos de los encuentros públicos en los últimos nueve meses y qué posturas mantienen o varían las partes después de que desde finales de enero el escenario negociador se viera condicionado por nuevos factores. Uno de ellos, la suspensión de la subasta de los terrenos de La Solana y el hotel Finisterre tras agotar un periodo de seis meses a partir de su paralización en febrero; otro, la unanimidad de los grupos políticos en el Concello y el Parlamento gallego en los últimos meses al exigir fondos al Estado para que asuma parte de la deuda del Puerto y consigne financiación para el enlace ferroviario a Langosteira.

La visita de José Llorca a la ciudad para abordar en persona el futuro del litoral coruñés se espera con cierta impaciencia a raíz del encuentro de enero en el que se sentaron las bases para conseguir compatibilizar intereses: por un lado el del Concello de alcanzar la gestión pública de los muelles para uso ciudadano cuando se traslade toda la actividad a la dársena exterior; por otro el de las entidades portuarias de generar recursos con los que ir cancelando la deuda del Puerto. Pero el presidente de Puertos del Estado ha retrasado repetidas veces su segundo viaje a la ciudad desde mayo pasado -cuando en un principio se preveía su nueva visita- por motivos de agenda o por los conflictos surgidos a nivel nacional con el sector de los estibadores, que tardó varios meses en solucionarse.

Mientras tanto, la ciudad no le ha dado la espalda a las incertidumbres sobre el futuro de la fachada marítima. En marzo, poco después de que el consejo de administración del Puerto aprobase suspender durante seis meses la subasta de La Solana y el Finisterre que desde finales del año pasado había promovido sin comunicárselo al Concello, el Gobierno de Marea inició los trámites urbanísticos para que la parcela del complejo deportivo vuelva a ser suelo dotacional público en lugar de privado, lo que reducirá las posibilidades de que interese a posibles compradores.

El Ayuntamiento ya había transmitido en 2016 su intención de adquirir este terreno por 1,4 millones, cantidad que contrasta con los 10 millones que se ha comprometido a pagar la arrendataria de las instalaciones, Inmobiliaria Río Mero, por La Solana y el hotel tras renovar el aval si se reabre la puja.

Otra circunstancia que ha incidido en este escenario ha sido el apoyo ciudadano al uso público del suelo portuario que defiende el Concello. Una manifestación convocada en mayo por la Comisión Aberta en Defensa do Común reunió a 4.000 personas en la ciudad para oponerse a la privatización.

En estos nueve meses el alcalde, Xulio Ferreiro, ha reclamado una "solución global" que incluya los muelles de San Diego, Batería y Calvo Sotelo y La Solana y el Finisterre, de manera que con un planteamiento general se determinen decisiones concretas. Al mismo tiempo, el Gobierno local ha empezado a perfilar los estatutos de un consorcio en el que el Estado, la Xunta y el Concello impulsen la transformación del borde litoral.

Otra de las medidas propuestas es que el Estado acepte una quita en la deuda de 200 millones que el Puerto tiene con Puertos por el préstamo concedido para financiar el puerto exterior. Desde el Gobierno central, que condiciona la titularidad pública de los muelles a la estabilidad económica de la Autoridad Portuaria, no ha habido respuesta a este planteamiento y el presidente de la entidad coruñesa, Enrique Losada, ha expresado dudas por que "sea factible" esa "ayuda".

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