La Fiscalía apunta que los responsables del edificio Fenosa pudieron ser inhabilitados

El Ministerio público archiva una denuncia presentada el mes pasado por el exconcejal socialista José Antonio Sánchez Penas porque el delito de prevaricación urbanística prescribe a los diez años

09.10.2017 | 15:17
Fachada principal del edificio Fenosa, situado en la calle Fernando Macías.

Las claves

  • Supremo. El alto tribunal concluyó en una sentencia emitida el mes pasado que solo se puede legalizar el edificio Fenosa deshaciendo las obras ilegales de Fadesa, realizadas en 1997
  • Vecinos. Los residentes en el inmueble de la calle Fernando Macías han presentado un recurso de amparo ante el Constitucional. Reclaman una solución “jurídica y técnica” al conflicto
  • Concello. El Gobierno local, para intentar evitar el pago de una indemnización multimillonaria, presentó un incidente de nulidad ante el TSXG para que determine si es posible la demolición parcial
  • Oposición. El PSOE descarga la responsabilidad de la concesión de la licencia en los técnicos del Concello, mientras que el BNG sostiene que es Fadesa quien tiene que asumir las indemnizaciones

La Fiscalía advierte de que es "inviable" por "disposición de la ley" iniciar una investigación penal para determinar responsabilidades sobre los funcionarios y políticos que en 1997 dieron el visto bueno a la licencia de construcción del edificio Fenosa, a pesar de que era contraria a la legalidad. El Ministerio público responde al denunciante, el exconcejal socialista José Antonio Sánchez Penas, que el caso está prescrito. No obstante, apunta a que los hechos, "en caso de poder ser acreditados", podrían haber conllevado en su momento la inhabilitación de los responsables para el ejercicio de empleo o cargo público durante diez años. El Tribunal Supremo ordenó el mes pasado la demolición del inmueble para devolverlo al estado que tenía en 1997, antes de las obras

La Fiscalía ha archivado la última denuncia presentada para que los responsables de la presunta concesión ilegal de la licencia para construir la antigua sede de Fenosa, en la calle Fernando Macías, respondan ante la Justicia. El exconcejal socialista José Antonio Sánchez Penas denunció los hechos el pasado 15 de septiembre, pero el Ministerio público decidió archivar la causa debido a que está prescrita. La fiscal, no obstante, apunta en el escrito en el que da por cerradas las diligencias que los hechos, "en caso de poder ser acreditados", podrían haber conllevado en su momento la inhabilitación para empleo o cargo público hasta por diez años de los responsables.

La acusación pública también responde que el delito pudo haber sido tipificado como de prevaricación urbanística, que en el momento de los hechos -1997- sancionaba a la autoridad o funcionario público que, "a sabiendas de su injusticia", hubiese informado favorablemente sobre proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes". La sanción, según señala la fiscal, era la de prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses.

"Del relato de hechos realizado por el denunciante se extrae que la licencia que considera ilegal y fundamento de una prevaricación administrativa se concedió en 1997, siendo impugnada ante el TSXG en el año 2001, por lo tanto, se ha superado ampliamente el periodo de prescripción que fija el Código Penal para la persecución de este tipo de delito -10 años-", argumenta la representante del Ministerio público, quien considera "inviable por disposición de la ley" iniciar un procedimiento de investigación penal para determinar las responsabilidades en la concesión de la licencia del edificio.

A mediados del pasado mes de septiembre el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación sobre la ejecución de la sentencia que obliga a demoler la antigua sede de Fenosa. En diciembre se cumplen veinte años del pleito por la venta y transformación del inmueble de manera ilegal. El alto tribunal ha ordenado ahora devolverlo a su estado original, esto es, previo a 1997, lo que supone una profunda reforma del edificio.

Tanto el Concello de A Coruña como la comunidad de propietarios habían interpuesto un recurso de casación. Fuentes municipales indicaron tras conocer la resolución que se trata de un "revés importante" para los intereses de la ciudad derivados de "los criterios y fórmulas urbanísticas erráticas y faltas de rigor habituales en el pasado e A Coruña". Tras la inadmisión de la casación, se reabre una fase del proceso judicial que estaba en suspenso. Además de la reforma de los trabajos, los propietarios han solicitado indemnizaciones. El Concello asegura que procurará que el impacto "sea lo menos lesivo posible".

El concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, anunció la semana pasada en un debate sobre el problema generado por la construcción de este inmueble que el Concello presentó ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia un incidente de nulidad con el que pretende que determine si es posible llevar a cabo el proyecto de demolición parcial, del que destacó que no fue impugnado por ninguna de las partes que intervienen en este complejo caso. El Ayuntamiento intenta, de esta forma, evitar una indemnización multimillonaria.

El Gobierno local busca la "solución menos gravosa" para el Concello y los propietarios, según manifestó Varela, quien garantizó que si Marea Atlántica aprecia responsabilidad política a la hora de conceder la licencia de inmueble, no la "dejará pasar". El exconcejal de Urbanismo del PP Martín Fernández Prado justificó que su partido no crease una comisión de investigación sobre los hechos porque estaba abierto el procedimiento judicial. "Era necesario no dar más armas al enemigo", dijo refiriéndose a que los datos que se revelasen en una comisión podrían beneficiarse al demandante.

"La peor solución es que se derribe el edificio", manifestó el portavoz del PSOE, José Manuel García, quien trató de justificar al Gobierno socialista que concedió la licencia en 1997 al afirmar que los políticos están obligados a aprobar los proyectos que examinan los técnicos. La nacionalista Avia Veira consideró que el Concello no debe afrontar el coste del derribo y las indemnizaciones porque Fadesa incumplió la licencia que se le concedió a pesar de que ya incumplía el plan general, y se pronunció a favor de que tanto la empresa como el Gobierno local presidido por Francisco Vázquez afronten esa responsabilidad "porque conocían la ilegalidad y se lucraron con ella".

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