La Fiscalía reclama cuatro años de cárcel para cuatro sospechosos de almacenar y distribuir cocaína en la ciudad. Los procesados, según sostiene la acusación pública en su escrito de calificación, se relacionaban entre sí "a los efectos de colaborar" en el suministro de la droga a consumidores de la ciudad tras obtenerla "de persona y forma no determinada". La unidad especializada en tráfico de sustancias estupefacientes de la Policía Nacional siguió los pasos de los sospechosos desde 2012, tanto con pinchazos telefónicos como con vigilancias en los lugares que frecuentaban.
Los agentes concluyeron que distribuían la droga desde viviendas y negocios situados en diferentes puntos de la ciudad, en concreto, desde pisos de las calles Antonio Viñes, avenida de Labañou y avenida de Oza, o locales ubicados en Francisco Catoira y la calle Europa. El representante del Ministerio público relata en su informe sobre los hechos que los agentes del 091 comprobaron que "en numerosas ocasiones" los procesados utilizaban sus viviendas y sus alrededores, así como establecimientos comerciales, para vender cocaína.
Los sospechosos tuvieron intervenidos sus teléfonos desde principios de 2012 hasta su detención e ingreso en prisión provisional, en junio del mismo año. Durante los registros que los funcionarios realizaron en sus domicilios y locales se incautaron de droga, de material utilizado para pesarla y cortarla, de teléfonos móviles y de sumas de dinero presuntamente obtenidas con el tráfico de la sustancia. En el piso de Antonio Viñes los policías decomisaron 69 gramos de cocaína, con una riqueza del 31,22% y un valor en el mercado ilícito de 3.010 euros, según destaca el fiscal. La droga de la que se incautaron en la calle Europa pesaba 42 gramos, tenía una riqueza del 19,87% y un valor de venta de 1.171 euros. Todos los arrestados ingresaron en prisión provisional por estos hechos, pero fueron puestos en libertad antes de cumplir un año en la cárcel. Esta semana será enjuiciados como presuntos autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.
La Fiscalía, además de cuatro años de prisión para cada uno de ellos, demanda al juez que los condene al pago de una multa de 10.222 euros y que les imponga las costas de procedimiento.
