Políticos y responsabilidad en el edificio Fenosa

La legislación permite exigir al Gobierno local de 1997 que responda con sus bienes si es necesario indemnizar a los propietarios por la demolición

10.10.2017 | 14:01
Vista parcial del edificio que albergó en su día la sede de Fenosa.

La vía penal para exigir responsabilidades por la concesión de una licencia ilegal al edificio que fue sede de Fenosa está prescrita, pero la legislación da la posibilidad de una reclamación patrimonial a los cargos públicos del Concello de A Coruña que aprobaron este permiso urbanístico en 1997

La posibilidad de que el edificio de la calle Fernando Macías que sirvió de sede a Fenosa tenga que ser demolido para que recupere su anterior estado supone una seria amenaza para las arcas municipales por el coste de los trabajos necesarios y las indemnizaciones que podrían solicitar los propietarios de las viviendas y locales. Si finalmente es el Concello el que debe hacer frente a estos gastos, la legislación le da la posibilidad de intentar recuperar al menos en parte esas cantidades mediante su reclamación a los cargos municipales que concedieron en 1997 la licencia de construcción del edificio a Fadesa.

Aunque la Fiscalía ya ha descartado que puedan exigirse responsabilidades penales a esos políticos, ya que prescriben a los diez años, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público abre la puerta a que se ejerza contra ellos la llamada acción de regreso, mediante la que se les reclama la responsabilidad patrimonial por las decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo. Esta iniciativa no habría prescrito en este caso, porque el plazo para su vigencia se inicia en el momento en que la administración afectada, el Concello en este caso, deba abonar las indemnizaciones a afectados.

Para que pueda seguirse esta vía, debe acreditarse que en la decisión tomada por los políticos o funcionarios ha existido dolo, culpa o negligencia grave. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público detalla que los criterios que se tendrán en cuenta para exigir responsabilidades económicas serán el daño producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.

De acuerdo con esta legislación, los miembros del Gobierno local de Francisco Vázquez que en 1997 aprobaron la concesión de la licencia urbanística para la reforma del edificio podrían ser requeridos, vía judicial, para que respondiesen con sus bienes en caso de que el Concello tuviese que afrontar el pago de indemnizaciones a los propietarios. El escudo político en estos casos suele ser que sus decisiones se basaron en informes de técnicos.

Pero hay quien piensa que esa vía ni siquiera la institución municipal tendrá que afrontar esos costes, sino que debe ser Fadesa, la inmobiliaria que puso en marcha el proyecto, quien se haga cargo de ellos. El anterior portavoz municipal del BNG, Xosé Manuel Carril, defendía la tesis de que el Concello no es responsable de asumir las posibles indemnizaciones porque la promotora no solo presentó un proyecto ilegal que recibió autorización municipal, sino que incluso la obra no se ajustó a ese diseño, lo que a su juicio liberaría al Ayuntamiento de la responsabilidad económica.

Pero esta solución dejaría en Fadesa la solución del problema, cuando la empresa se halla en fase de liquidación desde 2015, para lo que acomete la venta de los activos que aún posee con el fin de satisfacer las cuantiosas deudas reconocidas en el concurso de acreedores, por lo que habría que determinar si la Ley permitiría reservar parte de esos fondos para las indemnizaciones de este caso.

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