Marea y PSOE pactan facilidades para que los morosos paguen sus deudas tributarias con el Concello

El acuerdo eleva de 3.000 a 30.000 euros de deuda la necesidad de presentar una garantía. El 80% de los que se acogen al aplazamiento pagan en plazo

12.10.2017 | 09:47

El acuerdo entre Marea Atlántica y el PSOE para aprobar las ordenanzas fiscales flexibiliza las condiciones para saldar las deudas tributarias con el Ayuntamiento. Además de ampliar los plazos de pago y de reducir las cuotas mensuales, una medida ya adelantada la pasada semana, la modificación de la ordenanza de recaudación simplifica los trámites para solicitar el aplazamiento y el fraccionamiento de las deudas, y eleva de 3.000 a 30.000 euros el importe de la deuda a partir del cual el moroso debe aportar una garantía de pago, generalmente a través de aval bancario.

La propuesta de revisión de la ordenanza, aprobada ayer por la Junta de Gobierno Local previo paso por el pleno y el trámite de alegaciones, busca "fomentar el acceso" de los ciudadanos al aplazamiento o fraccionamiento de las deudas tributarias de tal forma que el Ayuntamiento, a su vez, tenga más posibilidades de cobrar las deudas. La Tesorería General esgrime en su informe el análisis de los aplazamientos o fraccionamientos concedidos hasta junio de este año para evaluar su impacto en las arcas municipales. De los 600 vecinos que se acogieron a ellos, el 82% ya ha cumplido con su obligación de pago. "En relación únicamente con las deudas en período ejecutivo, supuso la recaudación efectiva de una cuantía nada desdeñable superior a los 200.000 euros", argumenta Tesorería para defender las modificaciones de la norma de recaudación.

Una de ellas es el aumento, de 3.000 a 30.000 euros, del límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas. De esta manera, siempre que las deudas en conjunto no sumen más de 30.000 euros, los contribuyentes no tendrán que presentar ningún tipo de garantía y el recurso de aplazar o fraccionar el pago se concederá casi de inmediato.

El tope de 30.000 euros para este concepto se aplica desde hace dos años para las deudas generadas por los ciudadanos con la Agencia Tributaria y desde el año pasado con la Administración autonómica y la Diputación. Su introducción en la recaudación municipal conducirá, según Tesorería, a un "más que previsible aumento de beneficiarios de un aplazamiento o fraccionamiento", que redundará en un "incremento de la recaudación efectiva" y facilitará el cumplimiento de las obligaciones tributarias "con menor coste de gestión".

El Gobierno local y el PSOE también han promovido en sus reuniones negociadoras de las ordenanzas fiscales la incorporación de otra ventaja concebida fundamentalmente para favorecer a las familias expuestas a mayor vulnerabilidad social o precariedad económica. Se trata de fraccionar la liquidación de las obligaciones atrasadas hasta un máximo de tres años y con cuotas menores, según el importe de la deuda.

Actualmente las deudas contraídas con el Concello por no pagar algún impuesto municipal dentro de los plazos establecidos se podían alargar en cuotas de hasta 18 meses en el caso de cantidades superiores a 4.500 euros. Según las normas en vigor, en caso de tener una deuda entre 900 y 1.500 euros, el deudor puede ponerse al día en un plazo máximo de doce meses con cuotas entre 125 y 250 euros. Con la modificación para 2018, una persona con una deuda sin saldar de entre 600 y 1.200 euros tendría también doce meses pero cuotas entre 50 y 100 euros. Una deuda de entre 1.200 y 3.000 euros se podría aplazar hasta 15 meses con cuotas de entre 80 y 200 euros.

Otra modificación introducida limita a 5.000 euros la bonificación máxima por el descuento del 3% en el IBI y el impuesto de vehículos en el caso de que el contribuyente opte por el pago fraccionado. Este cambio busca "establecer un cierto grado de progresividad" en la aplicación de esta bonificación, "limitándose relativamente el importe total de la bonificación aplicable a las economías más favorecidas".

El alcalde, Xulio Ferreiro, resaltó ayer que las ordenanzas aprobadas en Junta de Gobierno Local "alivian la carga de los vecinos que están en una situación de precariedad". "Creemos en un principio de justicia redistributiva: los ciudadanos que menos posean no pueden soportar la misma presión fiscal", añadió. Tras su aprobación, ayer, por la Junta de Gobierno Local, las ordenanzas fiscales irán a pleno y se someterán a alegaciones con el objetivo de que entren en vigor el 1 de enero.

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