Una juez de la sala del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que deberá pronunciarse sobre el último recurso del Concello para tratar de evitar el derribo de la antigua sede de Fenosa se ha abstenido de pronunciarse sobre el asunto porque es propietaria de uno de los pisos del inmueble afectado. La magistrada ha comunicado por escrito a la sala su abstención por tener "interés directo en el pleito" al ser vecina del bloque. El TSXG estimó su solicitud en un auto en el que concluye que está "justificada", por lo que designó a otra juez en su lugar.

El alto tribunal gallego deberá pronunciarse sobre el incidente de nulidad con el que el Ayuntamiento pretende que determine si es posible llevar a cabo el proyecto de demolición parcial del edificio y, de esta forma, evitar el derribo ordenado por el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, la última emitida el pasado mes de septiembre. En el fallo el alto tribunal ordena devolver el bloque de la calle Fernando Macías a su estado original, es decir, previo a 1997, pues concluye que la reforma realizada por Fadesa es ilegal.

La juez de la sección segunda de la sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG presentó su renuncia el pasado 5 de octubre. Ese día la Asociación Metropolitana Coruña 3.0 organizó un debate en el Sporting Club Casino sobre el problema generado por la construcción de inmueble. En el acto participaron vecinos afectados y representantes de todos los grupos municipales, así como el arquitecto Valentín Souto, promotor de la demanda presentada hace veinte años contra la licencia concedida a Fadesa.

El autor de la demanda que motivó la orden de derribo del edificio que albergó la antigua sede de Fenosa desveló durante su intervención que recusó al presidente de una de las salas del Tribunal Supremo que juzgó uno de los recursos de casación del caso porque su madre vivía en el inmueble. Souto exhibió ante el público asistente, con los nombres desenfocados, la lista de propietarios del edificio que consta en el expediente judicial, al tiempo que destacó que en él reside "lo más selecto y granado de la sociedad coruñesa". Mientras el arquitecto exige la ejecución del fallo judicial, es decir, el derribo del edificio, los vecinos se consideran "víctimas". Los afectados, que no pueden vender sus viviendas al estar inscrita la sentencia del Supremo en el Registro de la Propiedad, denuncian la "incertidumbre" que sufren desde hace veinte años. Los perjudicados han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y reclaman ser indemnizados. El Ayuntamiento asegura que procurará que el impacto de la sentencia del Supremo sea "lo menos lesivo posible".

El concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, indicó durante la conferencia celebrada este mes en el Sporting Club Casino que el Gobierno local busca la "solución menos gravosa" para el Concello y los propietarios, al tiempo que garantizó que si Marea Atlántica aprecia responsabilidad política a la hora de conceder la licencia de reforma del inmueble, no la "dejará pasar". La Fiscalía ha archivado este mes, por estar prescrita la causa, la última denuncia presentada para que los responsables de la concesión ilegal de la licencia municipal para la construcción del inmueble respondiesen ante la Justicia.