El Instituto Nacional de Seguridad Social ha declarado "accidente laboral" la incapacidad del ex director del Museo Arqueológico, ubicado en el castillo de San Antón. El funcionario, jubilado recientemente, relató ante esta autoridad laboral que ocupó un despacho en la fortaleza entre 1996 y 2010, año en el que se descubrieron "niveles muy altos de radón, causa reconocida de neoplasia pulmonar", que se le diagnosticó a finales de 2016. Tras este reconocimiento de la Seguridad Social, poco habitual, y después de trasladar una advertencia al Consejo de Seguridad Nuclear, el arqueólogo ha acudido a la Xunta, con competencias en la materia, para que "obligue" al Concello a tomar medidas y para que determine si hay responsabilidades.

El exdirector, José María Bello, relata en el escrito que presentó el pasado abril ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social que en 2010 le indicaron que abandonase su despacho por el nivel de radiación, al que estuvo expuesto durante catorce años. La Universidade de Santiago realizó aquel año un informe sobre la concentración del gas en diferentes edificios municipales, constatando que ninguno de los tres volúmenes que conforman este sistema defensivo contaba con un sistema de ventilación forzada.

Las mediciones en el cuarto registraron radiaciones entre 1.600 y 2.900 becquerelios por metro cúbico. La Unión Europea sitúa los límites para actuar en lugares de trabajo está entre 500 y 1.000, a concretar por cada Estado miembro. El Consejo de Seguridad Nuclear pone el límite en 1.000 para lugares de baja permanencia y en 400 para lugares de alta permanencia. Según la normativa, lo que supere estos límites requiere "un nivel alto de control". El diagnóstico del cáncer de pulmón fue a finales de 2016 y fue operado por ello en enero de 2017.

La respuesta de la Seguridad Social a la petición de Bello se firmó el 22 agosto. El ente estatal indica que, "a la vista de la documentación aportada, así como el dictamen emitido por el Equipo de Valoración de Incapacidades", la Dirección Provincial del organismo declara "el carácter de accidente de trabajo la incapacidad temporal" padecida por el funcionario y cuya baja se inició el 30 de marzo de 2016 como "enfermedad común".

Amparo a dos consellerías

El ex director del museo, después de conocer la resolución de la autoridad laboral, elaboró una denuncia que fue presentada la pasada semana ante la Dirección Xeral de Protección Civil y la Consellería de Economía, Empleo e Industria. Denuncia que "hasta la fecha no se ha tomado ningún tipo de medida" en el castillo de San Antón. Indica que ha mantenido silencio "por lealtad institucional" pero que al pasar a ser "pensionista" se considera "relevado de esa obligación".

Bello ve al Concello "responsable directo de esta situación" porque, afirma, en siete años no ha comunicado la situación a los órganos competentes ni ha dado información a los trabajadores ni hecho un "seguimiento" de estos. El escrito exige a la Xunta que, "con la mayor celeridad posible, se den los pasos pertinentes para obligar al Ayuntamiento de A Coruña a establecer las medidas correctoras necesarias, dada su inactividad hasta la fecha de hoy, incluso a pesar de haber publicitado en la prensa una campaña de mediciones de radón en la que parece no estar incluido el castillo". Concluye que, "en virtud de lo instruido, sean iniciados expedientes sancionadores de exigencia de responsabilidad penal, si es el caso".

Señala como responsables a la jefa del Servicio de Personal activa en 2010 y sus dos sucesores y los jefes del servicio de Cultura que se han sucedido hasta hoy. Entre los cargos políticos, nombra solo a dos, limitándolos al actual Gobierno local, el concejal de Cultura y el de Rexeneración Urbana, "sobradamente conocedores de la situación".

Plan municipal de mediciones

El Ayuntamiento anunció el pasado marzo mediciones en edificios municipales para determinar si existe gas radón en ellos. Estas mediciones fueron contratadas con el Laboratorio de Análisis de Radiaciones de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Las mediciones se planificaron en diversas estancias de los edificios del Concello, el museo y la biblioteca de la Casa de las Ciencias, el Acuario y la Domus, además de en edificios administrativos. Tras el control, señalaron que emitirían un informe final y determinarían las recomendaciones de las medidas a adoptar.