"Era de esperar. Irán apareciendo casos similares". Esta es la reacción de Javier Longueira al enterarse de la elevada exposición al radón que durante catorce años sufrió el exdirector del Museo Arqueológico del castillo de San Antón, José María Bello, a quien a finales del año pasado se le diagnosticó un cáncer de pulmón del que fue operado en enero, según informó ayer LA OPINIÓN. "Hay que espabilar", advierte Longueira, gerente de la empresa coruñesa Inteko, especializada en mediciones de radón. Aunque no desea parecer alarmista, quiere concienciar de los riesgos a los que los gallegos están expuestos debido a la alta concentración en el subsuelo granítico de este gas noble, segunda causa de muerte por cáncer de pulmón después del tabaquismo. La ventilación y la aspiración son las medidas básicas que los vecinos deben tomar para eliminar las acumulaciones de radón.
Los expertos coinciden en alertar de la peligrosidad del radón. Entre ellos, el geólogo y catedrático de Geodinámica Exterior de la Universidade da Coruña Juan Ramón Vidal Romaní. "Se introduce por las grietas del suelo en viviendas y edificios y es imposible de eliminar, por eso hay que contenerlo. Los garajes subterráneos con varias plantas son un depósito de radón. Es un problema que no se puede ignorar y que se tiene que enfocar seriamente", defiende el también director del Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga Pondal
La medición de emisiones de radón es la actuación principal que se debe llevar a cabo y los vecinos afectados deberían encargarlas, recomiendan Longueira y Vidal Romaní. A partir de ahí, según los niveles registrados por los técnicos, hay que optar por medidas suaves o drásticas. Entre las primeras está la ventilación a través del suelo y la aspiración o captación mediante arquetas metálicas, soluciones de las que se pueden encargar los propios afectados; entre las segundas, más complicadas y costosas, un sistema de presurización para sacar el aire del terreno a través de conductos para que no penetre en viviendas o lugares de trabajo.
El Manual de la Organización Mundial de la Salud sobre el radón señala que el nivel medio de cada país no debería superar los 300 becquerelios por metro cúbico de aire. La Unión Europea sitúa los límites para actuar en centros de trabajo entre 500 y 1.000 becquerelios, a concretar por cada Estado miembro. El Consejo de Seguridad Nuclear, una institución nacional independiente de la Administración General del Estado, los establece en 1.000 para lugares de baja permanencia y en 400 para lugares de alta permanencia.
La ventilación debe ser una solución "sistemática", subraya Romaní, ha de hacerse "con la misma frecuencia con la que se abren las ventanas de casa para airear las habitaciones cada día". Pero tiene que ser una ventilación "por el suelo, no por arriba", con aire limpio exterior que se introduce en una estancia para disolver el radón y extraerlo. Longueira matiza que en los centros de trabajo (oficinas, museos, teatro, colegios...) las ventilaciones deben ser remedios "complementarios" a los propios sistemas de ventilación con detectores incorporados.
Cuando una medición registra un nivel alto de exposición al radón desde el subsuelo en una vivienda es conveniente recurrir a métodos de aspiración. "Se tiene que hacer pasar el aire con el radón concentrado a través de un depósito de agua, como los aspiradores para alérgicos, y vaciar después. Luego hay que fregar con agua", explica el geólogo.
"Con una arqueta de captación que funcione las 24 horas no se nota su activación en los domicilios. Se coloca en el terreno bajo la vivienda o en un área de influencia próxima y, por su porosidad, deja entrar el aire con radón a su interior", detalla el responsable técnico de Inteko. Otros procedimientos más exhaustivos son a través de una tubería de extracción de gases o con la disolución del gas mediante un sistema de aireación.
De las mediciones se deben encargar técnicos especializados con materiales dotados de tecnología adecuada y métodos contrastados científicamente. Una medición instantánea con un detector electrónico de radiaciones a partir de un corto periodo de exposición cuesta 60 euros. El proceso puede complicarse en función del tiempo de exposición y el análisis, abarcando desde la mera detección de presencia hasta una evaluación continua durante un mínimo de tres meses.
