Las licencias de primera ocupación de los edificios de las cooperativas del parque ofimático, de las que el Concello ya inició la tramitación de uno de ellos, son "manifiestamente ilegales" mientras no se efectúen los trámites urbanísticos que el Gobierno local se comprometió a realizar hace un año y medio, según la asociación de promotores Ofimático 2010, que advierte de las "graves responsabilidades penales y patrimoniales" de los políticos y funcionarios que concedan los permisos para entrar en las viviendas, en cuyos expedientes se personará.
Este colectivo entregó ayer un escrito en el registro municipal en el que advierte de que si se conceden esas licencias tomará las "acciones judiciales necesarias para garantizar la igualdad de derechos de todos los propietarios de suelo" del polígono, ya que considera que el Concello solo está interesado en atender las demandas de los cooperativistas.
El concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, replicó ayer mismo que la normativa urbanística determina que los permisos para ocupar viviendas se conceden cuando se cumplen premisas como que el edificio construido se corresponda con la licencia que le fue concedida y que el solar disponga de todos los servicios necesarios. Varela detalla que el Concello trabaja en ese sentido, así como en las "modificaciones del planeamiento y los trabajos de urbanización", de las que explicó que "deben ir parejas, ya que están conectadas entre sí".
Tras la anulación por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del contrato de obras mediante el que se ejecutaba la urbanización del ofimático, Concello, promotores, y Xunta llegaron a acuerdo en agosto de 2016 para retomar los trabajos. El protocolo suscrito, cuyo incumplimiento denunció ayer Ofimático 2010, incluía que el Concello realizara de forma previa unas obras que hiciesen posible el acceso de los cooperativistas a sus viviendas, pero también cuatro trámites que según los promotores aún no comenzó: estudios de detalle, el proyecto de urbanización definitivo de todo el polígono, la modificación del plan parcial para excluir al margen derecho de Alfonso Molina y la zona de ADIF, y la modificación de la reparcelación para adaptarla al nuevo plan parcial.
Entre los trámites pendientes figura incluso la inscripción en el registro de tres parcelas, que fueron modificadas con respecto al proyecto inicial tras el cambio del plan parcial aprobado por el Gobierno local del PP. Ofimático 2010 señala que los propietarios de esos terrenos no pueden edificar en ellos, pero tampoco venderlos o realizar cualquier otra operación, ya que no figuran en la documentación oficial. Otra consecuencia de esta situación, según los promotores, es que no se puede efectuar el reparto de las costes de urbanización del polígono entre los propietarios, ya que se desconoce su proyecto, los plazos para su ejecución y su presupuesto, cuando para conceder la licencia de ocupación a un edificio, sus promotores -las cooperativas en este caso- deben estar al corriente de los pagos de esas obras.
"No queremos perjudicar a nadie si no se perjudica al resto", explicaron representantes de Ofimático 2010 sobre la posibilidad de que sus exigencias puedan afectar a los cooperativistas, con quienes se reunieron para exponerles este problema. Según los promotores, el Gobierno local no contesta a sus requerimientos para que se inicien las gestiones urbanísticas y en la comisión de seguimiento del acuerdo adoptado en agosto de 2016 tan solo se les informa de que esos trámites están en fase de estudio.
Los empresarios aseguran además que la Xunta también está preocupada porque no puede vender las parcelas que posee en el ofimático. También destacan que al analizar el proyecto de edificio de viviendas sociales que la administración autonómica construirá en la zona, lo rechazó inicialmente al considerar que esos terrenos "no disponen de los servicios urbanísticos requeridos para tener la condición de solar, por lo que no podrán ser edificados a no ser que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación".
Frente a estas críticas, Xiao Varela destaca que el acuerdo con los promotores les evita tener que pagar por el momento las cuotas de urbanización, lo que supone una carga para el Concello, a lo que añade que las obras para permitir la ocupación de los edificios de las cooperativas están muy avanzadas.
