El paso de ocho meses entre la última visita a la ciudad del presidente de Puertos del Estado, José Llorca, para negociar con el Concello sobre el futuro de los muelles que en principio deberían ser vendidos para financiar el puerto exterior ha dado tiempo para todo tipo de especulaciones sobre esta cuestión. La sorprendente irrupción en la escena del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para anunciar hace solo quince días que había alcanzado un acuerdo con el propio Llorca para mantener como suelo público los muelles de la Batería y Calvo Sotelo y el complejo deportivo La Solana satisface parte de la demanda del Gobierno local, pero la forma en la que se realizó no ha hecho más que irritar al Ejecutivo, al que no se convocó al pacto, y despertar sus sospechas sobre cuáles son las intenciones del Partido Popular.
Para justificar su intervención en este asunto, Feijóo se agarró a la moción aprobada en enero por el Concello en la que se solicitaba la mediación de la Xunta ante el Estado para evitar la subasta de los muelles, pero esa iniciativa hacía mención a todos esos terrenos, incluidos los de San Diego, para los que el Gobierno gallego no descarta su salida al mercado y la construcción de viviendas en ellos.
Y ese es el principal temor del Gobierno local. Porque, pese a lo dicho por el presidente del Gobierno gallego, en Batería y Calvo Sotelo nunca se proyectó la construcción de viviendas, sino de equipamientos comerciales u hoteleros, de los que A Coruña está más que saturada, por lo que la exclusión de ambos muelles de la operación no tendría especial repercusión, ante la dificultad que supondría su comercialización. Pero los 377.057 metros cuadrados que quedarán liberados en la zona de San Diego cuando caduquen las concesiones a empresas hoy en vigor suponen un bocado muy apetecible para el sector inmobiliario, especialmente por su ubicación junto al mar y su comunicación con el centro de la ciudad.
La postura que exponga hoy José Llorca sobre el futuro de esos terrenos
proporcionará una primera aproximación de cuáles son los planes del Gobierno central sobre la financiación de punta Langosteira, que además precisará de la negociación de unos nuevos convenios que sustituyan a los de 2004. Pese a que esos acuerdos preveían la venta de los muelles, incluidos la Batería y Calvo Sotelo, ni Feijóo ni Llorca dijeron una palabra sobre la necesidad de que se modifiquen cuando anunciaron su pacto sobre esos terrenos.
El presidente gallego pasó además de puntillas sobre una posible participación de la Xunta en el consorcio que el Concello propone crear para debatir sobre el destino de los terrenos portuarios. Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a que su gobierno se integre en esa entidad, tan solo dijo que si se lo proponen, estaría "dispuesto a verlo".
Pese a que afirmó que su acuerdo con Llorca era la "solución definitiva" para el problema de los muelles, lo cierto es que quedan sobre la mesa un gran número de interrogantes sin despejar. Entre ellos el de qué se hará en la Batería y Calvo Sotelo una vez que dejen de tener uso portuario, ya que el Concello -al que se excluyó del acuerdo entre Puertos del Estado y la Xunta- es quien tiene competencia sobre la ordenación urbanística.
Tampoco está claro qué pasará con La Solana una vez que concluya la concesión de la empresa que la gestiona, aunque Feijóo ya advirtió que el Puerto no se la venderá al Concello. Lo mismo pasa con la financiación del puerto exterior, en la que la venta de los muelles debía conseguir al menos un tercio del coste total, en torno a 250 millones, que parecen muy difíciles de alcanzar ahora solo con San Diego y en la actual situación del mercado inmobiliario.
Tampoco se sabe cuándo podrán ocuparse los terrenos de ese muelle, puesto que Repsol todavía no ha llegado a un acuerdo para trasladar todas sus instalaciones y cuando lo haga el suelo tendrá que ser acondicionado. Otro tanto pasa con el ferrocarril de mercancías que unirá Langosteira con la red nacional, indispensable para que algunas empresas se vayan al puerto exterior, ya que su financiación permanece en un misterio absoluto y su construcción no culminará antes de que pasen cuatro años en el mejor de los casos.
