El futuro del litoral coruñés

Puertos del Estado pospone a 2022 el futuro de San Diego y relega al Concello en la decisión

El organismo estatal pretende que los muelles permanezcan en poder de la Autoridad Portuaria aunque tengan uso ciudadano - José Llorca elude concretar el acuerdo alcanzado con la Xunta

25.10.2017 | 18:34
Las representaciones del Concello, a la izquierda, y Puertos del Estado, en la reunión en el Concello.

Los nueve meses de espera para conocer la opinión del presidente de Puertos del Estado, José Llorca, sobre la propuesta municipal para la ordenación de los muelles terminaron ayer sin que el organismo aportase ningún juicio sobre la misma, al margen de que las decisiones quedarán pospuestas hasta 2022, ya pasadas unas elecciones municipales que pueden cambiar el color de María Pita. Lo único que quedó claro es la intención de que todas las decisiones sobre el futuro de esos terrenos se tomen en el seno de la Autoridad Portuaria, donde el Partido Popular posee la mayoría a través de los representantes estatales y autonómicos, que en el pasado votaron a favor de la venta de los muelles para financiar las obras de punta Langosteira.

Llorca se pronunció además a favor de que los terrenos continúen en manos del Puerto a pesar de que tengan un uso ciudadano, lo que evitaría que fueran gestionados por el Concello, para lo que puso como ejemplo las actuaciones realizadas en este mismo sentido en otras ciudades españolas. Se escudó además en que había recibido el día anterior la propuesta de protocolo elaborada por el Gobierno local para no pronunciarse sobre el mismo y requirió el plazo de un mes para hacer un "análisis político" y dar una contestación, aunque en realidad se tratase de los planteamientos que se le habían transmitido el pasado mes de enero.

Para el alcalde, Xulio Ferreiro, el resultado de su encuentro con Llorca fue "decepcionante" e interpretó su actitud como un acuerdo de la Xunta y de Puertos del Estado "para excluir al Concello" sobre el futuro de los muelles, lo que tildó de "inaceptable". La falta de respuesta a las propuestas municipales llevó al regidor a afirmar que el objetivo último de la reunión era buscar la "bendición municipal a la subasta del hotel Finisterre", que Llorca no ve "inconveniente", aunque no la consideró un tema "perentorio en este momento".

Sobre la posibilidad de que el Concello quede en un segundo plano en el debate político sobre los muelles, Ferreiro anunció que su gobierno trabajará en la redefinición de los convenios de 2004 para financiar el puerto exterior y que elaborará un documento sobre los nuevos usos para esos terrenos en el que dará participación a la ciudadanía. Sobre San Diego, admitió "cualquier posibilidad" para su futuro mientras siga siendo público y su uso se convierta en un "motor económico" para la ciudad, así como que no se excluya al Concello de las decisiones, para lo que recordó que hay mociones aprobadas por el pleno que reclaman que ese suelo sea dedicado a actividades productivas.

El alcalde entendió que el aplazamiento de la decisión sobre ese muelle puede significar que "hay quien prefiere enfriar el asunto y esperar a tiempos mejores", en alusión a una posible victoria electoral del PP en las próximas municipales, en insistió en una solución global para todos los terrenos portuarios. Pero Llorca planteó que se formulen propuestas diferentes y en distintos momentos porque "dada la situación financiera", la decisión sobre estas superficies "se puede periodificar".

Y es que, tras haber aludido hasta fechas recientes que la situación económica de la Autoridad Portuaria obligaba a vender los muelles, Llorca, manifestó ayer que no habrá "necesidades financieras hasta 2022", por lo que aplaza la decisión sobre el muelle de San Diego -el único que ahora admite que se pueda subastar- hasta esa fecha, en la que terminan las concesiones de empresas allí asentadas.

Llorca se refirió a su pacto con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en cuya presentación ni siquiera intervino ante los medios de comunicación, para explicar su decisión de que La Solana, Calvo Sotelo y la Batería no se vendan. Siguió sin hacer público ningún detalle sobre el acuerdo, que calificó de "voluntad política". Para Ferreiro, el anuncio abre la puerta a que el Gobierno gallego aporte fondos para cubrir la deuda de la Autoridad Portuaria, aunque admitió carecer de datos para confirmarlo. El alcalde reprochó que no haya explicaciones sobre el acuerdo entre ambas administraciones y que no se conozcan planes concretos que lo desarrollen.

Sobre la intención del Concello de comprar La Solana, Llorca declaró que "no es necesario que gaste ese dinero" en su adquisición, refrendando lo que Feijóo manifestó hace quince días sobre la operación y que revela que ambas administraciones impedirán que la instalación acabe en manos municipales, pese a lo que Ferreiro advirtió después que el plan para comprar el recinto "sigue encima de la mesa".

Puertos del Estado seguirá con Calvo Sotelo, la Batería y San Diego la misma política que con La Solana porque "hay otros puertos en los que los usos lúdicos o ciudadanos se pueden hacer desde la Autoridad Portuaria, en las que están presentes todas las administraciones", según Llorca. En su opinión, el hecho de que estos terrenos permanezcan como dominio público portuario permitirá que no tengan uso residencial y que no se especule con ellos, así como "hacer edificios emblemáticos como el Guggenheim o el centro Botín", para lo que recordó que en los puertos se prohíbe la construcción de viviendas y que eso garantiza que no se levantarán en los muelles coruñeses.

El presidente de Puertos del Estado exigió además que las propuestas que efectúe el Concello para los muelles sean compartidas por todos los grupos municipales porque "las decisiones a largo plazo deben ser independientes de quién gobierne en cada momento". Al ser preguntado por qué no se siguió esta misma línea en el mandato del PP, durante el que se ejecutó la reforma de La Marina con una gran contestación política y ciudadana, Llorca se escudó en que se trató de una "actuación concreta" y que ahora se aborda "un modelo de ciudad de futuro que debe estar por encima de las mayorías coyunturales".

Sobre la propuesta municipal de que se aplique una quita a la deuda de la Autoridad Portuaria, Llorca afirmó que la legislación no lo permite y exige que los puertos tengan autosuficiencia económica. El presidente de Puertos del Estado recordó que el de A Coruña ha refinanciado su deuda para reducir las amortizaciones en los primeros años, de forma que dé tiempo a que las instalaciones de punta Langosteira generen ingresos suficientes para hacer frente al pago de los préstamos.

"Las cosas no son posibles hasta que comienzan a serlo", replicó el alcalde a la alusión de Llorca a la imposibilidad legal de la quita, para lo que recordó que esa fórmula tampoco era admitida para la deuda de las autopistas radiales de Madrid y finalmente se aplicó, a lo que añadió que entiende que hay una "vía legal" para hacerlo en el caso del puerto exterior. También se felicitó el alcalde por la mejoría de la situación económica del puerto coruñés, cuyo estado crítico fue argumentado hace dos años para justificar la venta de los muelles.

Llorca admitió además de forma implícita que admite la renegociación de los convenios mediante los que se acordó la financiación de Langosteira. "No tiene por qué coincidir lo que pasaba en 2004 y lo que pasa ahora", declaró. No detalló sin embargo qué orientación pretende darle Puertos del Estado a los posibles nuevos acuerdos. Tampoco desveló el presidente de Puertos cuál es su postura sobre la creación de un consorcio para gestionar el destino de los muelles, ya que tan solo comentó que debe examinar si ese tipo de entidad "es una herramienta útil o no".

El grupo municipal del BNG calificó por su parte de "oprobio" la actitud de Llorca y consideró que Xunta y Estado pretendían excluir al Concello de las decisiones sobre los muelles, sobre cuyo futuro exigió al Gobierno local que convoque una consulta popular. Para la concejal Avia Veira, la negativa a que el puerto exterior sea costeado con recursos estatales supone una "discriminación" para Galicia respecto a otras dársenas españolas.

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