Un voto en un censo de quince personas. Es el poder sobre el futuro de los muelles que tiene el Ayuntamiento de A Coruña en el caso de que todas las decisiones en torno a la principal de las transformaciones futuras de la ciudad se trasladen exclusivamente al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, tal y como avanzó ayer el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, tras su encuentro con el alcalde, Xulio Ferreiro, demorado desde enero pasado. Un solo voto que es el mismo que tiene en dicho Consejo el Concello de Arteixo. Con los planes articulados por Puertos y la Xunta sin incluir al Concello, la representación municipal se estrecha al evitar, además, que el Ayuntamiento esgrima sus competencias urbanísticas para el diseño de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, los más céntricos y los primeros que serán liberados.
La intención de los representantes estatales y autonómicos es mantener y desarrollar la zona como "dominio público portuario". Al quedarse con esta condición, según la ley, no se pueden levantar viviendas, algo que, sin embargo, ya estaba garantizado en plan general de ordenación municipal en vigor. Sería un desarrollo similar al que desembocó en la polémica construcción de las Alas de Gaviota (Palexco y Cantones Village) en 2005.
Que los terrenos sean públicos, como en este caso, no quiere decir que se vayan a dedicar necesariamente a espacios libres o verdes, sino que se podrían levantar edificios, en régimen de concesión (con pago de canon) o a través de acuerdos con administraciones como la Xunta. Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria evitan así desafectar los terrenos y, por tanto, desarrollar el Plan Especial de Transformación para los muelles, en el que tendrían que contar con el Concello, con competencias en planeamiento urbanístico. Las decisiones, con esta hoja de ruta, se tomarán en el seno portuario y no en una entidad consorcial creada a tal efecto, como propone el Concello, o incluso en una comisión, como recogen los convenios firmados en el año 2004.
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Es un escenario que no ocultó el martes José Llorca tras la reunión con el regidor coruñés, demorada durante nueve meses. "Hay otros puertos en los que los usos lúdicos y ciudadanos se han hecho así, se podrían hacer desde la Autoridad Portuaria, en la que están presentes todas las administraciones", razonó. Defendió el papel, como un órgano "colegiado", del Consejo de la Autoridad Portuaria, cuya mayoría votó en diciembre ignorar los planes municipales de comprar La Solana y proseguir con la subasta del complejo y el hotel Finisterre.
Según la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, a la representación de los coruñeses en el Concello solo le corresponde un vocal en ese Consejo, donde hay una mayoría compuesta por la representación portuaria, estatal y autonómica -todas bajo gobierno del Partido Popular- y donde es raro que las propuestas de la Autoridad Portuaria tengan contestación y/o votos negativos.
Como ejemplo, la sesión del Consejo de Administración celebrada el 23 de diciembre, en la que todos menos el edil coruñés de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, secundaron subastar la Solana. Dio su sí también el representante del sindicato mayoritario en el Puerto, UGT. Requerido entonces por este periódico, el sindicalista José Ramón Piñeiro, argumentaba que él debía representar "el interés de los trabajadores del Puerto" y que, "si el Puerto está lo más saneado posible, sus condiciones serán mejores al margen de otras cuestiones".
¿Quiénes forman parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria? El presidente del ente lo encabeza y son vocales natos el director y el Capitán Marítimo, Gustavo Ortega. La Administración General del Estado tiene tres representantes. Uno el subdelegado del Gobierno, Jorge Atán; otro un alto cargo de Puertos del Estado; y la tercera, la abogada del Estado-Jefe, Consuelo Castro Rey. Esta letrada rubricó varios informes en los que la Abogacía del Estado, encargada de los servicios jurídicos de la Autoridad Portuaria, se pronunció sobre la subasta de La Solana, como el que justificó el rechazo por cuestiones formales de la oferta municipal para comprar las instalaciones deportivas y avaló, por tanto, retomar la puja.
El Gobierno gallego tiene tres representantes, además del presidente portuario, que también elige la Xunta a pesar de que la Autoridad Portuaria dependa de Puertos del Estado para las cuestiones capitales, como sería el caso de una eventual desafectación de los muelles [la diferencia de colores en los Ejecutivos estatal y autonómico ya bloqueó esta operación en el pasado]. La primera de las vocales autonómicas es Beatriz Mato, conselleira de Medio Ambiente, recientemente elegida presidenta del partido en la ciudad y que se postula como candidata a la Alcaldía en 2019.
La Consellería do Mar figura a través de una secretaria xeral y la terna se completa con la secretaria xeral de Medios, Mar Sánchez Sierra, que dirige un área dependiente de Presidencia de la Xunta. Sánchez Sierra es una de las más antiguas y estrechas colaboradoras del presidente, Alberto Núñez Feijóo, y se incorporó al Consejo de Administración el pasado febrero, esto es, dos meses después de que el Puerto retomase la subasta de La Solana, un mes después de los acuerdos del pleno municipal que la frenaron y ocho meses antes de que el máximo representante autonómico anunciase el acuerdo con Puertos del Estado y sin el Concello.
Este pacto acuerda que Batería y Calvo Sotelo sigan en manos portuarias y desechan cualquier intento de planificación global, aplazando a 2022 la decisión sobre San Diego, en donde están dispuestos a levantar viviendas. La construcción en los muelles (y la venta de los terrenos que lleva aparejada) sí necesita del Concello coruñés, que vivirá sus próximas elecciones municipales en 2019.
¿Cómo cambian los planes para Batería y Calvo Sotelo? No se van a desafectar, como estaba previsto. Según el PGOM, y también como explica la propia Autoridad Portuaria en su web, una vez desafectados (desvinculados de su uso público) tendría que aprobarse un Plan Especial de Transformación, que pasaría por manos municipales. Sin esa desafectación proyectada, los usos y actividades quedan regidos por la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios -su última modificación es del año 2014- y por el Plan Especial del Puerto, que estipula las ordenanzas edificatorias.
Este Plan Especial del Puerto establece que los bordes de Batería y Calvo Sotelo son de uso "portuario comercial" y la explanada de uso "mixto: comercial y no portuario de interacción puerto-ciudad". Este último es el uso que tiene, por ejemplo, la zona en la que se asientan todos los edificios institucionales de la avenida do Porto. Esto permitiría a la Autoridad Portuaria de A Coruña llegar a acuerdos con otras administraciones al margen de la local, siendo improbable además que asuma el coste de la urbanización y el mantenimiento de la zona.
Tras la reunión con el Concello, Puertos del Estado señaló que se pronunciaría sobre la propuesta municipal de formar un ente consorcial con representación de todas las administraciones, como en otros desarrollos estatales. El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, ya se pronunció en contra de este organismo, aduciendo que había causado pérdidas a sus miembros en otras ciudades.
