Casi más litigios que ladrillos tiene la obra de reforma y ampliación de los números 6 y 8 de la calle Príncipe, un proyecto cuyo promotor pretendía acabar en el albor del siglo XXI pero que aún no tiene residentes. El Concello de A Coruña acaba de firmar un nuevo capítulo de la dilatada y convulsa historia del inmueble, lastrado por el enfrentamiento con la comunidad del propietarios del número 2 de la calle Santo Domingo, de relevantes inquilinos. El área de Rexeneración Urbana ha ordenado demoler las obras de reforma realizadas y devolver el edificio a su estado previo, al entender que lo ejecutado no se ajusta a la última licencia concedida, en 2006. El promotor y arquitecto avanza que prepara una serie de recursos pero que su intención es cumplir, "como siempre se ha hecho", las resoluciones municipales y la ley, construir, vender "piso a piso" y reclamar lo que tenga que reclamar, convencido de que la razón le asiste.
El decreto municipal está firmado el pasado 25 de septiembre. Obliga a "la demolición, en el plazo de tres meses, de la totalidad de las obras ejecutadas, así como la reposición del inmueble al estado de la mismas". La orden, contra la que cabe recurso supone "la demolición total para la parte de la edificación que no es el edificio original catalogado", según aclaran fuentes municipales. Es fruto de una inspección del mes de julio al inmueble, que se encuentra en un avanzado estado de construcción y con la totalidad de la envolvente de los edificios terminada. Solo restan por ejecutar, según constata el Concello en el expediente, trabajos de acabados, distribuciones interiores o remate de carpinterías y defensas, entre otras cuestiones finales.
Rexeneración Urbana argumenta que la promotora, Iniciativas y Desarrollo Inmobiliario de Arquitectura SA, ha modificado la geometría de la cubierta, ejecutando una zona plana en la parte central, que supone "un mayor aprovechamiento de la planta bajo cubierta", cubriéndose los patios de parcela mediante lucernarios. Por otro lado, detectaron una alteración de lo previsto para las fachadas de la calle Príncipe y que se ha retrasado un metro la fachada posterior del volumen de nueva construcción situado en la parte posterior de la parcela de Príncipe 10. La concejalía añade que se ejecutaron huecos en el forjado de la planta prevista en el 8 que no estaban en el proyecto y que se cambió el diseño de una escalera. Por todo, concluyen que no se ajusta a la licencia concedida.
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El promotor y arquitecto, Santiago Torres, señala que recurrirá pero también que cumplirá las resoluciones municipales, para lo que ya está preparando el proyecto de demolición, que supone devolver el edificio a como estaba antes de empezar para después poder rehacer la reforma. "Mi plan es el que siempre fue desde el primer día, cumplir la resoluciones de mi obra y acabarla y vender todos los pisos uno a uno. Ese siempre fue mi plan y lo haré", declara, "si tengo que demoler tres veces el edificio lo demoleré, si tengo que esperar 25 años más esperaré, ese es mi único plan y cumplir la ley hasta donde haga falta y hacer las reclamaciones que a las que de el lugar el asunto. Pero mi intención es cumplir, como siempre hice, las resoluciones municipales y ya veremos en su día lo que esto significa".
Restos y pleitos
La rehabilitación y ampliación de los números 6 y 8 de la calle Príncipe es una historia para no dormir de casi dos décadas. No solo por la aparición al inicio de los trabajos de restos de la muralla medieval, cuya conservación y musealización ordenó incorporar al proyecto el Tribunal Supremo en 2012; sino también por las denuncias reiteradas de la comunidad de propietarios del número 2 de la calle Santo Domingo contra el promotor de unos inmuebles que le restan vistas, por la parte trasera, al puerto coruñés.
La comunidad -en la que están el director de la Cámara de Comercio y José Luis Piñeyro, conde de Canillas- presentó sistemáticamente recursos judiciales y administrativos. El último, contra la orden del Concello, en 2016, de que el promotor ajustase las obras realizadas a la licencia de 2006. Cosecharon seis sentencias desestimatorias pronunciadas por varios juzgados y el Superior, una denuncia penal archivada y un interdicto de paralización de obra rechazado. El Concello y la Xunta emitieron a lo largo de este tiempo varias órdenes de paralización en una obra que se encuentra con un nuevo obstáculo cuando se hallaba en su recta final. En 2011, los servicios técnicos de la Consellería de Cultura llegaron a calificar de "maraña" la documentación de este caso para ceder una decisión al Gobierno local.
