La Comisión Aberta en Defensa do Común entra en escena tras las últimas conversaciones institucionales sobre el futuro del borde litoral. El acuerdo del pasado día 10 entre Puertos del Estado y la Xunta, sin contar con el Concello, por no vender La Solana y los muelles de Batería y Calvo Sotelo y la infructuosa reunión de la semana pasada entre el alcalde, Xulio Ferreiro, y el presidente portuario, José Llorca, en el que el futuro de los terrenos de San Diego quedó pospuesto al menos hasta 2022, han hecho reaccionar a la plataforma que reivindica la titularidad pública del suelo que se extiende a lo largo de la fachada marítima de la ciudad y la devolución gratuita de La Solana y el hotel Finisterre con la presentación de una propuesta de moción para el próximo pleno.

El colectivo ciudadano ha presentado el texto en el Registro Municipal y se lo ha entregado "en mano" a los grupos de la Corporación con la intención de que respalden la iniciativa plenaria que se someterá a votación. El PP y el PSOE admitieron ayer que aún no la han evaluado, mientras que el Gobierno local y el BNG no se han pronunciado. El grupo nacionalista también preguntará en el próximo pleno al Ejecutivo de Marea Atlántica de qué modo defenderá los intereses de la ciudad frente a la decisión acordada por la Xunta y Puertos del Estado de mantener los muelles en poder de la Autoridad Portuaria aunque tengan un uso ciudadano.

La propuesta de moción de la Comisión en Defensa do Común reclama seis acuerdos, entre ellos, que se "lamente la deslealtad institucional" de las administraciones estatal y autonómica con el Concello pese a que este tenga las competencias urbanísticas en el suelo portuario. La plataforma, que el pasado 7 de mayo movilizó a 4.000 personas en las calles para exigir la devolución gratuita de La Solana y el hotel Finisterre, también repite esta demanda a través de la iniciativa que quiere llevar al pleno, incluso mediante acciones judiciales. Reitera su oposición a propósitos especulativos con la venta de los recintos deportivo y hotelero cuando acabe su concesión en 2027, insta al Gobierno local a modificar el plan general para restablecer la calificación de suelo público de ese ámbito y reclama el apoyo a las iniciativas presentadas por la propia comisión "en defensa de lo público".