El ascensor y el mirador del monte de San Pedro, inaugurados en abril de 2007, fue asunto de la Junta de Gobierno Local de ayer por doble motivo: para que el Ejecutivo de Marea acordase someter la resolución del contrato del funcionamiento, limpieza y vigilancia de las instalaciones al Consello Consultivo de Galicia por el incumplimiento "reiterado" de las obligaciones que corresponden a la concesionaria, y para aprobar la reclamación a la empresa, Miramar de San Pedro, de 603.000 euros que percibió como compensación por las pérdidas entre 2010 y 2012 que, en virtud del contrato firmado por el Gobierno de Francisco Vázquez en 2005, tuvo que asumir el Concello.

Los acuerdos firmados ayer son dos nuevos episodios de un culebrón de más de una década -las complicaciones en la obra se remontan a dos años antes de su apertura- en el que el Concello ha salido perjudicado por la gestión de una instalación deficitaria y en el que la concesionaria, según reflejan las investigaciones realizadas por el actual Gobierno local e iniciadas por el anterior del PP, se ha enriquecido "de forma injusta".

La explotación del ascensor y el mirador empezó a cuestionarse en 2013, cuando los populares reclamaron a Miramar de San Pedro documentación adicional para comprobar los gastos. El Ayuntamiento sospechaba entonces de anomalías contables y excesos de facturación en los servicios de limpieza y vigilancia por desfases en el pago de las horas de trabajo. Hasta aquel año el Gobierno local había tenido que abonar un total de 2,38 millones de euros por el déficit de las instalaciones en el periodo 2007-2013, según le obligaba el contrato firmado en 2005.

La investigación municipal puesta en marcha para acreditar las supuestas irregularidades ha deparado nuevos capítulos que a día de hoy mantienen la incertidumbre respecto al contrato de funcionamiento del ascensor y el mirador de San Pedro, que, tras las determinaciones del Consultivo, tendrá que ser licitado nuevamente. La empresa decidió cerrar el ascensor la mitad de los días del año pasado -solo abriría 190- para reducir las pérdidas. Un año más tarde, el Gobierno local inició los trámites para cancelar el contrato, con la previsión de que Miramar mantuviese solo la gestión de la cafetería-restaurante de la zona.

La empresa, cuyo máximo responsable es Juan Antonio Roade, admitió unos días después que estaría "encantada" de que se le retirase el servicio. Al mismo tiempo reclamó en los tribunales 700.000 euros por el déficit en la explotación de las instalaciones desde 2014, cuando comenzaron las investigaciones sobre su gestión. El Ayuntamiento se negó a abonar esta cantidad y aprobó personarse en la causa.

Ahora la administración local exige a Miramar de San Pedro 603.000 euros, más de la mitad de los 1,16 millones que abonó entre 2010 y 2012 a la firma por las pérdidas generadas por el uso del mirador, que es de acceso gratuito, y del elevador, que cuesta tres euros.

Con la concesión de la limpieza, la vigilancia y el funcionamiento de las instalaciones panorámicas pendiente, el Concello sacó hace dos meses a licitación, por 227.060 euros por un periodo de dos años, el mantenimiento, la conservación y la seguridad del ascensor, que retirará a la actual concesionaria.