El incumplimiento durante cuatro meses por el Concello del periodo máximo de pago a proveedores se agrava, según el PP, por el hecho de que el cobro domiciliado del IBI se produjo este año en julio, lo que proporcionó más recursos a las arcas municipales. En junio, julio, agosto y septiembre se sobrepasaron los 30 días que marca la Ley como plazo para pagar a los suministradores del Concello, por lo que el PP denuncia que se pone en riesgo "cientos de puestos de trabajo" de esas empresas.