La antigua prisión provincial de la Torre abrirá a finales de diciembre o a principios de enero con actividades socioculturales programadas por Proxecto Cárcere, una plataforma nacida en 2010 para recuperar un edificio sin uso y abandonado desde su cierre, en 2009, como penal de reclusos de tercer grado. Esta entidad dispondrá del derecho de uso de varias dependencias del edificio tras imponerse en el proceso abierto convocado por el Ayuntamiento en mayo pasado.

El grupo municipal del PP ha encontrado en este concurso artillería con la que atacar al Gobierno local por supuestas irregularidades, que el Ejecutivo, avalado por la asesoría jurídica, niega. Tras ser inadmitido su recurso de reposición contra la adjudicación a Proxecto CárcereProxecto Cárcere, el PP anuncia una demanda en los tribunales al mismo tiempo que edita un folleto, repartido en los domicilios de los coruñeses, titulado "El chiringuito de Xulio Ferreiro" y en el que acusa al alcalde de "adjudicar la gestión de la cárcel a dedo". Ferreiro ha señalado que estudia acciones legales contra el PPFerreiroPP por calumnias o atentado al derecho al honor, y le acusa de "haber sobrepasado una vez más todos los límites de la honestidad y el juego limpio".

A continuación, se concretan las fases fundamentales del proceso para dotar de contenido al edificio de la prisión que ha derivado en uno de los ataques más duros del Partido Popular contra el Gobierno local de Marea Atlántica.

La convocatoria. El Ayuntamiento abrió en mayo el proceso para "la cesión de usos de espacios de la antigua cárcel provincialAyuntamiento para el desarrollo de proyectos de dinamización cultural y sociocultural, mediante concurrencia competitiva". Esta convocatoria fue posible después de que el Gobierno central, aún titular del edificio, cediera al Concello por dos años, prorrogables, el uso de la vieja prisiónGobierno centralConcello para dotarla de actividad en tanto no se resuelvan los tres pleitos judiciales pendientes entre ambas administraciones.

Una cesión sin remuneración. Las bases de la convocatoria municipal detallaban que la concesionaria no recibirá remuneración económica del Ayuntamiento y que solo podrá cobrar una tarifa por las actividades que desarrolle si los ingresos se destinan a cubrir los gastos de organización. Los criterios de selección de la entidad eran el proyecto de gobernanza (con una valoración máxima de 30 puntos), el de dinamización (30), la comunicación y mediación social (20), la difusión de valores como inclusión social, igualdad, medio ambiente y comercio justo (20), los medios técnicos y humanos (15), la diversidad de entidades involucradas en el plan (15), la memoria del proyecto (10), el sistema de evaluación (10), la relación con el Concello (10), el horario y fechas de apertura al público (10), y el acondicionamiento del edificio (10).

La adjudicación a Proxecto Cárcere. La entidad se impuso en el procedimiento municipal, al recibir 134 puntos, frente a los 46 que obtuvo el otro aspirante, el Club Deportivo As Brigantias Roller Derby. Proxecto Cárcere pretende poner en marcha proyectos como talleres de bioconstrucción, la oficina de la atención a las víctimas del franquismo, una radio, una guardería, una tienda, una escuela y biblioteca.

El recurso del PP, inadmitido por el Ayuntamiento. Los populares interpusieron recurso de reposición en el que reclamaban la anulación de la adjudicación. El Ayuntamiento no lo admitió porque sus letrados no consideran al PP legitimado para interponer el recurso ya que la ley requiere que, en el caso de los concejales, hayan votado en contra del acto recurrido. En este caso, la competencia legal del proceso recaía en el Ayuntamiento, por lo que no intervino ni el PP ni ningún otro grupo de la oposición. La asesoría jurídica, sin embargo, entra a analizar "el fondo" del recurso del PP para "cumplir con las exigencias de transparencia y rendición de cuentas para con los miembros de la Corporación local".

Proxecto Cárcere y Concello. El PP fundamentaba su recurso en que entre los participantes en Proxecto Cárcere, según la documentación de esta entidad, figuraban tres concejales de Marea -María García, Rocío Fraga y Xiao Varela-, un funcionario que formó parte del jurado del concurso y una asesora de la edil de Participación. Para el PP, estos hechos implican un "conflicto de intereses" que debe llevar a la anulación de la adjudicación. Los letrados del Ayuntamiento concluyeron, sin embargo, que de todos los ediles y empleados municipales que el PP cita como miembros de Proxecto Cárcere, solo lo había sido Rocío Fraga, hasta septiembre de 2016, y que no ha tomado parte en la resolución sobre la cárcel. El funcionario señalado por los populares negó haber formado parte de la plataforma o tener relación con alguno de sus miembros, y alegó que, si sale con integrantes de esa entidad en una fotografía de 2010 recuperada estos días por el PP, es porque la imagen corresponde a unas jornadas de gestión cultural en las que participó en calidad de jefe de servicio de Cultura del Ayuntamiento durante el mandato de la coalición del PSOE y el BNG.

Otras denuncias del PP rechazadas por la asesoría jurídica municipal. El grupo municipal alegaba que la concejala de Participación, Claudia Delso, conocía el plan de Proxecto Cárcere antes de convocar el proceso; y que las condiciones del concurso coincidían "en esencia" con el documento entregado por la plataforma a todos los grupos municipales. La asesoría jurídica señala que la presentación de un plan para la prisión por parte de Proxecto Cárcere "determinó el procedimiento seguido" después, en aplicación del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Esta norma regula el supuesto en que la administración recibe "una iniciativa de ocupación privativa y normal de un bien de dominio público" que "pueda ser de interés y se decida abrirlo a pública concurrencia". La asesoría jurídica señala en respuesta al PP que aconsejó seguir ese procedimiento y que, por esa razón legal, las bases "fueron elaboradas a partir de la iniciativa presentada por Proxecto Cárcere, después de seleccionar las cuestiones que resultaban de interés y de la depuración de aquellas que se consideraban inoportunas, inconvenientes o mejorables para el interés público o para el propio edificio".

¿Qué dice Proxecto Cárcere? La plataforma ha actualizado el listado de miembros y ha precisado que la relación a la que hace referencia el PP se remonta a 2012, "dejó de tener validez hace tiempo y no representaba la situación actual de muchas de las personas y colectivos u organizaciones en ella nombradas ni de la estructura organizativa de Proxecto Cárcere".