El Concello y Defensa deben expedientar a los okupas de Comandancia para iniciar el desalojo

El Ministerio, como dueño del edificio, y el Ayuntamiento, como responsable de su mantenimiento, disponen de las mismas medidas para recuperarlo

06.12.2017 | 20:22
Interior de la Comandancia de Obras.

El único juzgado que se pronunció, el pasado mes de junio, sobre la okupación de la antigua Comandancia Militar de Obras lo dejó claro: ni el Ministerio de Defensa ni el Concello han tomado medidas para conseguir su desalojo. Por ello, cerró el caso penal abierto a raíz de una denuncia de Defensa. La Fiscalía tampoco presentó acusación al entender que no hay delito porque ninguna de las dos administraciones implicadas iniciaron expedientes sancionadores o procedimientos administrativos contra las personas que organizan actividades en el recinto. Defensa y Ayuntamiento lo "toleran", según la juez que investigó el caso.

El pleno del lunes, con los votos favorables de PP y PSOE y en contra de Marea y BNG, aprobó una moción presentada por los populares para exigir responsabilidades al alcalde, Xulio Ferreiro, al que instan a proceder "de manera inmediata" al desalojo del inmueble, "okupado ilegalmente desde hace un año". Los dos grupos de la oposición recuerdan al regidor municipal que el Concello es responsable "del mantenimiento, conservación y custodia" de las instalaciones, según el convenio firmado en noviembre de 2013. En base a ese acuerdo, Defensa, que es el titular del edificio, cedió su uso al Ayuntamiento "de forma provisional".

Según fuentes judiciales, las medidas para el desalojo de la Comandancia pueden tomarlas tanto el Ayuntamiento, como responsable de la custodia de las instalaciones, como el Ministerio de Defensa, en su calidad de propietario del recinto de A Maestranza.

Para apreciar un delito de usurpación, tal y como indica la juez en el auto del pasado mes de junio, las administraciones deberían haber tomado medias y mostrarse "claramente contrarias a tolerar la ocupación". El documento también subraya que la administración "que tenga a cargo bienes públicos para su custodia y defensa" -en este caso el Concello, tal y como figura en el convenio que suscribió con Defensa- también tiene potestad "para proceder a su desalojo".

Para acatar el requerimiento del pleno, el Ayuntamiento, antes de recurrir a la vía penal, debería iniciar un expediente sancionador si entendiese que los hechos son constitutivos de delito, un procedimiento que también puede iniciar Defensa como propietario. En el caso de que los okupas no acatasen las órdenes de abandonar las instalaciones, podrían recurrir al juzgado, donde demostrarían que han tomado medidas contra la okupación. La Policía Local, tal y como señala la magistrada, a pesar de haberse presentado varias veces en el recinto, "no llevó a cabo actuación alguna que manifestara una clara voluntad contraria a la okupación ni encaminada a proceder al desalojo del edificio". La vía penal para conseguir que dejen el inmueble, por tanto, está cerrada, tanto para el Concello como para Defensa, hasta que no lleven a cabo actuaciones para demostrar su interés en desalojar la antigua Comandancia Militar de Obras.

La denuncia la puede interponer cualquiera de las dos administraciones públicas. Una vez que el juzgado detecte indicios de delito, enviará a la Policía Nacional a identificar a los ocupantes para imputarles un delito de usurpación. En cuanto los hechos se enjuicien y se emita un fallo, el juzgado puede requerir el desalojo forzoso del recinto en el caso de que los okupas se nieguen a acatar la sentencia.

Defensa, como propietario del inmueble, es el único que podría recurrir a la vía civil a través de un procedimiento verbal, que viene recogido en el artículo 250.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según informaron fuentes judiciales. El dueño de la Comandancia Militar de Obras alegaría en la demanda que quiere recuperar la posesión de las instalaciones porque hay personas en su interior que están "perturbando" su derecho sobre ellas. Este procedimiento civil, según las mismas fuentes, es más lento que el penal a la hora de conseguir el desalojo de los okupas.

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