Uno de los socios de una empresa coruñesa dedicada a la reprografía digital y la creación de CD y DVD publicitarios ha sido condenado como autor de un delito continuado de fraude de subvenciones. La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña le ha impuesto dos años de prisión y el pago de una multa de 1.148.868 euros por conseguir subvenciones por importe de un millón de euros e incorporarlas a su patrimonio y al del resto de socios de la entidad. Los organismos afectados por el fraude fueron el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), el Instituto para la Reestructuración de la Minería el Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (Miner), la dirección general de Fondos Comunitarios, y Endesa Generación. Esta última entidad no llegó a hacer efectiva la ayuda de 255.323 euros que le había concedido al tener constancia de que la empresa había sido declarada en concurso de acreedores en octubre de 2006.

El tribunal tuvo en cuenta a la hora de dictar la pena la atenuante de dilaciones indebidas, pues los hechos sucedieron entre 2002 y 2006 y el procedimiento judicial se retrasó por causas ajenas al sospechoso. Los magistrados señalan en el fallo que, en caso de impago de la multa de 1.148.868 euros, el procesado ingresará en prisión durante ocho meses. Además, le impusieron la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios fiscales por un periodo de seis años. El imputado también deberá indemnizar a Miner con 340.431 euros. El resto de entidades perjudicadas no reclamaron porque ya cobraron como consecuencia de aval prestado.

La empresa de la que formaba parte el sospechoso falsificó facturas. Los socios, además, utilizaron otra compañía creada "con la intención de dar apoyo a la obtención de subvenciones por parte de diversas entidades a su favor con las que obtener una liquidez económica de la que carecían, y, además, enriquecerse con esas ayudas". La empresa coruñesa dedicada a la reprografía digital y la creación de CD y DVD publicitarios incumplía todos los criterios para conseguir las ayudas públicas, por lo que aportaba datos falsificados. Entre los requisitos para obtener algunas de ellas figuraban tener en propiedad obra civil por importe de 168.914 euros; bienes de equipo por valor de 1,2 millones; y otros activos fijos materiales por 300.506 euros, así como la obligación de crear 21 puestos de trabajo. La entidad dio de alta a 15 trabajadores, pero ninguno de ellos, según la sentencia, llegó a realizar actividad laboral en ella., Además, sus contratos fueron de "muy escasa duración".