El Gobierno local teme que la Xunta y Puertos del Estado hagan valer su acuerdo sobre el futuro de la fachada marítima de la ciudad, tal y como adelantó en sede parlamentaria la conselleira do Mar, Rosa Quintana, el pasado martes a preguntas del PSdeG. En su discurso, ignoró la propuesta planteada por el Gobierno local a finales de octubre para reordenar los terrenos liberados de usos portuarios, en la que defiende crear un consorcio en el que estén presentes el Ministerio de Fomento, Adif, la Autoridad Portuaria, la Xunta y la Diputación, liderados por el Concello. En ella, pedía colaboración para dar una "solución global" a la fachada marítima y que no se tomasen decisiones por bloques de terrenos.
Para la Xunta, sin embargo, solo existe el acuerdo verbal anunciado por el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, y por su homólogo en Puertos del Estado, José Llorca, el 9 de octubre. En este acuerdo, del que todavía se desconocen los detalles y que Quintana adelantó que se concretará "en las próximas semanas", se especifica que saldrán a la venta los terrenos del Finisterre, también de San Diego y Petrolero, pero se mantendrá la titularidad pública de La Solana, Calvo Sotelo y Batería.
"La propuesta del Gobierno municipal de A Coruña sigue en pie. La hoja de ruta de la ciudad sigue adelante. No vamos a permitir que Santiago decida cómo tiene que ser A Coruña ni que divida a los vecinos perdonándole la vida a una parte de nuestra fachada atlántica para malvender la otra parte mañana o pasado mañana, cuando nadie mire", explicaron ayer fuentes municipales, tras la intervención de la conselleira do Mar en el Parlamento, en la que dejó claro que el único plan que tienen intención de cumplir es el trazado por la Xunta y Puertos del Estado.
El Concello defiende que la propuesta que hizo el alcalde, Xulio Ferreiro, a las administraciones con las que quiere contar en el consorcio fue "transparente y sincera" y que tiene como objetivo "sumar esfuerzos por el bien de la ciudad y de sus vecinos". Para el Gobierno local, la desafectación de los terrenos portuarios es "una oportunidad de construir un futuro mejor y más sostenible para A Coruña" y afea que, desde la Xunta y desde Madrid, haya recibido una respuesta que considera ya "habitual": "el bloqueo y el no por el no. Los pactos de corbatas". La Xunta y Puertos del Estado -aunque la propuesta dos meses después de su anuncio todavía no se ha definido- alegan que, en cumplimiento de los acuerdos de 2004, en los que se preveía la venta de los terrenos portuarios para pagar la construcción de la dársena exterior de punta Langosteira, deben sacar beneficio de los muelles y, de este modo, evitar agrandar el agujero de la deuda contraída por la Autoridad Portuaria. El debate social generado por el futuro de la fachada marítima consiguió que la especulación urbanística no se extendiese a todos los terrenos e, incluso el PP está ya de acuerdo en que algunas parcelas mantengan la titularidad pública.
El desencuentro entre los planes del Concello y los de la Xunta y Puertos del Estado se hace patente no solo en la manera en la que quieren realizar la gestión de los terrenos desafectados sino también en sus intereses. Y es que, el Concello se ofreció a pagar 1,4 millones de euros por La Solana, un suelo propiedad de la Autoridad Portuaria con unas instalaciones explotadas por un gestor en régimen de concesión, a lo que Xunta y Estado se negaron, ya que, según su hoja de ruta, estas dependencias no están en venta y seguirán sin estarlo tras la desafectación del terreno.
"Al PP no le vale nada que se proponga más allá de la Xunta. No le vale nada que no se pueda controlar desde Santiago, tanto es así que ni siquiera le vale lo que piense o diga su grupo municipal en el Concello de A Coruña, totalmente sometido al dictado de Santiago y de sus paracaidistas", dicen fuentes del Gobierno local, en referencia a que el PP votó en María Pita -igual que lo hizo Marea - a favor de una moción del PSOE en la que solicitaba a la Autoridad Portuaria que paralizase la subasta de La Solana y el hotel Finisterre y garantizase la titularidad pública de estas instalaciones. En esta moción, el PP se posicionó a favor de que el Puerto admitiese la oferta del Concello de 1,4 millones de euros, que es el precio de tasación de La Solana, para que este espacio pasase a manos municipales.
