Las órdenes de expulsión de A Coruña se redujeron un 64% desde 2011 hasta 2016

En 2012, fueron 299 las personas afectadas por estas órdenes de expulsión y, en 2015, el año se cerró con 69 casos. Desde el mes de enero de 2017 y hasta el 31 de julio se han resuelto 76 expedientes en contra de que los afectados se queden en el país, según los datos aportados por el Ministerio del Interior a los diputados socialistas en el Congreso, en respuesta a una pregunta formulada, entre otros, por los representantes coruñeses Pilar Cancela y Ricardo García Mira.

La responsable del Programa de Fomento de la Participación de Familias Inmigrantes en la Comunidad Educativa de ACCEM, Yosehanna Ledesma, explica que las claves de este descenso en los datos se pueden encontrar en la crisis económica, en el conocimiento de los propios inmigrantes irregulares de los lugares en los que son más susceptibles de ser descubiertos e identificados -como en las estaciones de autobús- y en las dificultades que existen para entrar en el país de manera ilegal. "La población que logra hacerlo es muy baja, se habla de tan solo un 3%", explica Ledesma.

Es una tendencia que se da en toda España, en base a los datos aportados por el Ministerio del Interior. En total, en 2011 se resolvieron 59.862 expedientes para que abandonasen el Estado personas que habían entrado de manera ilegal, en 2016 esa cifra se quedó casi en la sexta parte, con 12.770 casos resueltos en favor de la expulsión. Desde enero y hasta el 31 de julio, se decretaron 5.517 obligaciones de abandonar el país.

En Galicia, la provincia que experimenta un descenso más acusado es la de Pontevedra. En 2011 decretó 407 expulsiones y, desde enero al 31 de julio, cerró 18 casos en este sentido. El año pasado lo acabó con 51 órdenes de abandono del país. En Ourense, en 2011 se fallaron 251 casos en contra de la regularización y, el año pasado, 40. Lugo pasó de las 178 de 2011 a las 32 de 2016 -en 2017 lleva 16-.

"Cuando la pesca y la construcción empezaron a fallar aquí, la gente se fue a ciudades más grandes, como Madrid o Barcelona para intentar buscarse la vida, porque allí hay más oportunidades", comenta Ledesma. La mayoría de los inmigrantes que entraron en el país de manera ilegal intentan regularizar su situación lo antes posible, así que, los que pueden solicitan asilo, como están haciendo actualmente los inmigrantes procedentes de Venezuela, según explican desde ACCEM. Está también la vía del arraigo social, en la que los residentes de manera irregular en España pueden solicitar sus papeles, aunque para ello deben demostrar que han vivido durante tres años ininterrumpidos en el país -por ejemplo, aportando el padrón- y que tienen un contrato de trabajo.

Hay otro camino para la regularización, aunque según explica Ledesma, muy pocos inmigrantes lo utilizan, es el de solicitar el arraigo laboral. "Implica denunciar a quien te ha contratado de manera irregular y, por eso, casi nadie usa esta fórmula, porque significa que van a multar a la persona que te ha echado una mano cuando llegaste", comentan desde ACCEM.

En A Coruña, según los datos aportados por el Ministerio del Interior, durante el año pasado nadie solicitó su regularización mediante el arraigo laboral; hasta el mes de julio de este ejercicio lo han hecho tres personas, aunque todavía no se ha concedido ninguno. En 2015, se aprobaron tres de las cuatro pedidas, una a un hombre y dos a mujeres, todos con edades comprendidas entre los treinta y los 64 años.

En 2014, de las dos solicitudes presentadas, se falló una a favor de la regularización del trabajador -un hombre de entre 16 y 29 años-; el año anterior se pidieron tres y solo se concedió una -a una mujer también de entre 16 y 29 años- y, en 2012, de cuatro se aprobaron tres.