El Ejecutivo de Marea aprobará mañana en Junta de Gobierno Local la remisión al Consello Consultivo de Galicia de una propuesta de interpretación de contrato para que determine cuándo finaliza la concesión por 20 años del servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos en la planta de Nostián. El Ayuntamiento sitúa su finalización el 31 de diciembre de 2020, más de un año después de la fecha en la que la adjudicataria, la UTE Albada, considera que termina el contrato, en noviembre de 2019.
La petición del informe perceptivo del Consello Consultivo responde a las diferencias que mantienen el Ayuntamiento y Albada respecto a la vigencia del contrato del tratamiento de basuras. El Servicio de Contratación municipal emitió en abril de este año un informe en el que concluyó que la fecha de inicio del cómputo del plazo de la concesión es el 31 de diciembre de 2000.
La empresa concesionaria presentó alegaciones al informe de Contratación señalando que la fecha efectiva del comienzo de su actividad fue en noviembre de 1999, por lo que sitúa el fin de su servicio en el mismo mes del año 2019, trece meses antes que lo que considera el Concello.
La jefa de Contratación concluye que la interpretación literal del pliego de cláusulas administrativas del contrato señala que la puesta en marcha de las instalaciones debe producirse en el plazo de catorce meses a partir de la fecha del replanteo, el 15 de enero de 1999. Cumplido el periodo, el 15 de marzo de 2000, Albada solicitó una prórroga del plazo debido a la complejidad técnica del equipamiento tecnológico y el pleno municipal aprobó un aplazamiento hasta el 31 de diciembre, por lo que el Gobierno de Marea se apoya en esa fecha para establecer el final del contrato el último día del año 2020, y no un año antes como defiende la concesionaria.
El Ejecutivo lleva el asunto a la Junta de Gobierno Local en previsión de que la interpretación sobre la fecha del inicio del cómputo de la concesión que haga el Consultivo origine una indemnización a la empresa que gestiona el servicio. El plazo de tramitación quedará suspendida en el tiempo que medie desde la petición del informe hasta que sea recibido.
Albada y el Concello han trasladado a los tribunales sus diferencias por la ejecución del contrato. En marzo pasado un juzgado de lo Contencioso-administrativo eximió al Ayuntamiento de abonar 14,7 millones que exigía la empresa por la revisión del canon de 2013. Una semana antes otro juzgado ordenó a la administración local abonar 4,6 millones a Albada, que reclamaba 32,5 por un supuesto desequilibrio económico de la concesión. En septiembre la empresa volvió a llevar al juzgado al Concello para hacerlo responsable de no haber cerrado los vasos de rechazos de la planta, a pesar de que la Xunta acababa de abrir a Albada un proceso sancionador por no atender a la orden de sellado de los depósitos.
