La Xunta no deberá hacerse cargo del millón de euros que la Universidade da Coruña (UDC) ha tenido que desembolsar para pagar a los funcionarios que acudieron a la Justicia para exigir el cobro de la extra de Navidad retirada por el Gobierno central en 2012. La entidad académica recurrió las decisiones judiciales, todas contrarias a ella, hasta la última instancia, el Tribunal Supremo, que también a fallado a favor del Ejecutivo autonómico. Los jueces argumentan que del Plan de Financiación del Sistema Universitario de Galicia al que alude la UDC para justificar su petición "no se desprende la concreta obligación de la Xunta de hacer frente al requerimiento de reintegro".

La Universidade da Coruña también invocó en sus alegaciones a una sentencia que obligó a la Comunidad de Madrid a abonar a la Universidad Autónoma algunos conceptos "similares" a los que demanda a la Xunta. El Supremo rechaza que ese caso sea parecido al de A Coruña: "Allí se trataba del pago de cantidades que la comunidad se había obligado a satisfacer en virtud de convenio y aquí no se produce esa circunstancia". El tribunal, además, detecta defectos de forma en el escrito de interposición del recurso de la entidad académica. "En todo caso, la razón por la que la Universidad considera incongruente la sentencia tampoco sería admisible, toda vez que tiene que ver con unas leyes gallegas que no invocó en instancia", subraya el Supremo.

El rectorado fundamentaba sus alegaciones contra la negativa de la Xunta a admitir su reclamación en que existen numerosas sentencias, especialmente del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de A Coruña, que le condenan a satisfacer la extra de 2012 y calculaba en un millón de euros la cantidad necesaria para hacer frente a esa obligación. También aludía al acuerdo alcanzado en 2010 por la Xunta y las universidades gallegas para su financiación hasta el año 2015, así como a las "dificultades presupuestarias de la Universidad de A Coruña para afrontar estos gastos sobrevenidos", además de la "indefensión" en la que se encontraría al tener que responder a las reclamaciones económicas derivadas de las sentencias en su contra.

El Gobierno gallego argumentó que la retirada de la paga extra de 2012 fue una decisión del Ejecutivo central, que la UDC dispone de autonomía y que puede abonar la cantidad que desee a sus empleados sin que tenga repercusiones para la Xunta, ya que no tiene obligación de "soportar cualquier gasto retributivo del personal de sus universidades". Las sentencias avalan la postura del Gobierno gallego. En el fallo emitido en primera instancia, el tribunal advertía de que la Xunta está "obligada a garantizar la financiación de las universidades públicas en términos razonables que aseguren su viabilidad y calidad del servicio que prestan, pero no se ha acreditado que la UDC haya sufrido una situación de asfixia presupuestaria que requiera una intervención de emergencia por parte de la Xunta".