La Consellería de Infraestruturas tramita de urgencia el contrato del servicio de autobús del Eje Atlántico ante la renuncia de la actual concesionaria, MonbusMonbus, a seguir cubriendo esta ruta más allá de los doce meses a los que estaba obligada por ley. El departamento autonómico expone al público el anteproyecto de este servicio con el objetivo de adjudicarlo antes de febrero, cuando se hará efectiva la renuncia de la empresa, y garantizar de este modo la continuidad del servicio. Este contrato, según la Consellería, es el que afecta a más usuarios y el de mayor importe de todos cuantos mantiene para el transporte de viajeros por carretera, con un montante total de 6,93 millones de euros, incluido un 6% de beneficio estimado para la compañía que lo preste.
Esta concesión afecta a las principales conexiones de A Coruña hacia el sur -Santiago, Pontevedra, Vigo y Ourense- y a las rutas desde Ferrol y Betanzos hacia la capital de Galicia. Y abarca extensiones a localidades como Muros, Noia, Sanxenxo y Verín. También incluye rutas entre diferentes poblaciones de la provincia de Pontevedra. La concesión de todas estas líneas está a nombre de Castromil, del grupo Monbus, que también ostenta, a través de su filial Empresa Monforte, otra ruta incluida en este contrato, pero que hasta ahora disponía de concesión independiente: la que une Santiago con Camariñas a través de Noia, Muros y el litoral.
La Xunta adjudicará estas rutas por una plazo de 16 meses, con opción a prórroga de ocho meses más, para "evitar la pérdida del servicio" ante la inminente salida del grupo Monbus. Lo hace con la vista puesta en 2019, cuando se licitará un nuevo contrato de mayor duración y ya adaptado a las nuevas condiciones y recorridos del Plan de Transporte Público de Galicia. "Esta renuncia supuso la necesidad de exponer con carácter urgente la contratación de servicios de transporte que permitan satisfacer la demanda social que, de otro modo, quedaría privada de servicio, afectando seriamente a la movilidad de la ciudadanía afectada", justifica la Consellería de Infraestruturas en el anteproyecto que ha sometido a exposición pública hasta el martes.
Infraestruturas asegura que seguirá con este contrato el procedimiento que aplica desde mediados de 2017 para garantizar la cobertura de las rutas a las que han renunciado las empresas por considerarlas deficitarias. Así sucedió con los contratos de explotación de 38 zonas y cuatro rutas de larga distancia que licitó en junio, con un valor conjunto de 50 millones de euros para 22 meses prorrogables otros dos. En 2019 se modificará el plano total del transporte público Galicia.
La Consellería defiende que la rentabilidad de cada contrato está garantizada. La fórmula consiste, según este departamento, en agrupar rutas deficitarias, pero necesarias, para no dejar a parte de la población sin servicio, con otras jugosas, de forma que el equilibrio está blindado y se evite el riesgo de nuevas renuncias de empresas. En el anteproyecto a exposición se unen dos contratos: uno "con gran volumen de demanda", según la Xunta, el del Eje Atlántico y el ramal de Santiago a Ourense, y la conexión de Compostela con Fisterra.
En el contrato A Coruña-Santiago-Vigo-Ourense, el precio total de la concesión se fija en 6,93 millones, de los que el grueso lo aportan las nóminas de los conductores (2,62 millones, el 44,8%) y los costes variables asociados a la circulación de los autobuses (2,5 millones, el 42,9%). Este gasto incluye el consumo de combustible (1,4 millones), de neumáticos (161.000) y de mantenimiento (931.900). El beneficio estimado es de 351.125 euros, según la memoria económica.
El anteproyecto recoge horarios, frecuencias y paradas fijas de cada línea. La Xunta exige que los horarios se adapten a la apertura de los centros administrativos que atienden, como los de la Xunta en San Caetano.
Una vez resuelta la exposición pública del anteproyecto y las alegaciones que puedan presentarse, la Consellería invitará a un mínimo de tres empresas interesadas a optar al contrato y les dará cinco días para presentar ofertas. La adjudicación se hará a la empresa con la propuesta más ventajosa de acuerdo a las condiciones establecidas en el proyecto de explotación y en la propia invitación, según consta en la Lei autonómica de Medidas Fiscais, Administrativas e de Ordenación.
