Monbus competirá con otros siete grupos de transporte de viajeros por carretera por la concesión administrativa de la ruta A Coruña-Vigo, la de mayor importe económico y mayor número de viajeros de Galicia. Esta compañía, que renunció al contrato actual por la escasa rentabilidad, es una de las ocho a las que la Consellería de Infraestruturas invitará al concurso, que prevé adjudicar en febrero para que no se interrumpa el servicio cuando se haga efectiva la renuncia de Monbus.

Son las ocho firmas que han presentado alegaciones al anteproyecto de la concesión que ha expuesto al público la Consellería antes de la licitación. Según fuentes de Infraestruturas, son un grupo nacional de origen gallego, tres grupos nacionales y cuatro de ámbito solo gallego. La Consellería evita concretar sus nombres, pero fuentes consultadas por esta redacción indicaron que uno de ellos es el de Monbus.

Esta concesión afecta a las principales conexiones de A Coruña hacia el sur de Galicia -Santiago, Pontevedra, Vigo y Ourense- y a las rutas desde Ferrol y Betanzos hacia la capital de Galicia. Y abarca extensiones a localidades como Muros, Noia, Cambados, Sanxenxo y Verín. La concesión de todas estas líneas está a nombre de Castromil, del grupo Monbus, que también ostenta, a través de su filial Empresa Monforte, otra ruta incluida en este contrato, pero hasta ahora con concesión independiente: la que une Santiago con Camariñas a través de Noia, Muros y el litoral. Al igual que Castromil, Empresa Monforte renunció a la concesión.

La adjudicación de las líneas se hará por un máximo de 16 meses, con posibilidad de prórroga de ocho más. Es el plazo que se da para, en 2019, licitar los nuevos contratos del autobús interurbano adaptados ya al nuevo mapa del transporte de viajeros por carretera que elabora.

En el contrato A Coruña-Santiago-Vigo-Ourense, el precio total de la concesión se fija en 6,93 millones, "a riesgo y ventura" de la concesionaria, sin aportación autonómica, remarca la Xunta. El beneficio estimado es de 351.125 euros, según la memoria económica del anteproyecto.

El incremento máximo de tarifas en el nuevo contrato se fija en el 5,55% respecto a los precios actuales, en función del trayecto. La Consellería de Infraestruturas atribuye esta previsión al alza de los salarios, el IPC y el carburante, pero confía en que, como en otras concesiones, las licitadoras reduzcan estas tarifas.