El responsable de dos pisos de la ciudad en los que se ejercía la prostitución ha sido condenado a dos años y ocho meses de cárcel. El procesado captaba a las mujeres, que trabajaban voluntariamente debido a sus escasos recursos económicos, a través de anuncios o por mediación de terceras personas. El juez de Penal 4 destaca en la sentencia que se aprovechaba de la "penuria económica" de las afectadas, a las que "controlaba y vigilaba" y pagaba un 50% de lo obtenido por sus servicios.

El hombre ha sido castigado como autor de un delito de explotación consentida de la prostitución, pues si bien las mujeres mantenían relaciones sexuales con clientes de forma voluntaria, el imputado se lucraba. El Código Penal establece que, además de sacar beneficio económico, para incurrir en el ilícito de explotación, la víctima debe encontrarse en "situación de vulnerabilidad personal o económica". El titular de Penal 4 considera acreditado que es el caso de las mujeres que trabajaban para el condenado, pues "carecían de permisos de trabajo, de papeles relativos a la seguridad social y su situación económica era precaria". De hecho, muchas veces se quedaban a dormir en las viviendas porque no tenían dónde ir.

El procesado también fue sentenciado por cometer un delito continuado de falsedad, pues confeccionó dos nóminas a su nombre para engañar a las gestorías y a las propietarias de los inmuebles y conseguir que se los arrendasen. Uno de los pisos estaba situado en las proximidades del centro de salud de O Ventorrillo y, el otro, en Vioño. El primero lo alquiló en mayo de 2011 y, el segundo, en octubre de ese año.

Para llevar a cabo el negocio, el imputado contó con la colaboración de tres mujeres, quienes fueron sentenciadas a un año de cárcel, que no cumplirán, como cómplices de un delito de explotación consentida de la prostitución. Las acusadas ejercían funciones de encargadas de los inmuebles. El magistrado indica en el fallo que se ocupaban de presentar a las prostitutas a los clientes, de coger el teléfono, de recibir los pagos y de entregar los porcentajes a las mujeres que prestaban sus servicios. En ocasiones, proporcionaban algún material o realizaban tareas de limpieza, "siendo conocedoras las tres de las condiciones en las que las mujeres ejercían su trabajo", subraya el juez.

Los agentes encargados de investigar los hechos consiguieron identificar a seis mujeres "de todas las que ejercieron la prostitución bajo la dirección y control de los acusados". El Ministerio público demandaba que el responsable de los pisos también fuese sentenciado como autor de un delito contra la intimidad por colocar, en al menos uno de ellos, una cámara de vigilancia que grababa 24 horas. El arrendatario podía visionar las imágenes en cualquier momento o lugar a través de internet.

El titular de Penal 4 absolvió al procesado de este ilícito porque la cámara se encontraba en el pasillo, no en las habitaciones, y algunas de las mujeres "consintieron o supieron" que estaban siendo grabadas. En el juicio, de hecho, admitieron que les proporcionaba seguridad porque captaba imágenes de las salidas y entradas de clientes. La Fiscalía demandaba que el imputado fuese condenado a tres años y medio de prisión.