La sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de A Coruña sobre el conflicto urbanístico del Agra de San Amaro, que condena al Concello a indemnizar con 1,4 millones a una de las promotoras con terrenos en este lugar es solo el último jalón de un camino iniciado hace ahora 25 años y que aún está a la espera de una solución que evite el pago de indemnizaciones millonarias a las empresas afectadas. A continuación se detallan las claves de este prolongado conflicto.
E¿Cuál es el origen del problema? El Ayuntamiento presidido por Francisco Vázquez alcanzó en 1993 un acuerdo para hacerse con terrenos en los que construir el tramo del paseo marítimo entre la fuente de los surfistas y el dique de abrigo. A cambio de ceder parcelas que sumaban 46.200 metros cuadrados, los propietarios recibirían edificabilidad en el Agra de San Amaro, en las proximidades de la Torre de Hércules, donde se crearía un polígono residencial que debería ser incluido en el plan general de urbanismo.
E¿Cumplió el Concello el pacto? El plan general de 1985 nunca llegó a incorporar el polígono prometido y el aprobado en 1998 lo hizo, pero con la mitad de edificabilidad que se había acordado. Los promotores reclamaron ante los tribunales, que les reconocieron el derecho a ser indemnizados por la pérdida de volumen edificable. El Gobierno local acabó por suscribir nuevos convenios en 2006 con los perjudicados para admitir que debían ser compensados, pero nuevamente los incumplió a pesar de que los acuerdos fueron ratificados por el pleno municipal.
E¿Hubo un proyecto urbanístico para la zona? Los promotores pusieron en marcha un proyecto de compensación urbanística para distribuir las parcelas y la edificabilidad, pero el Ayuntamiento no le dio el visto bueno hasta 2008. Esa iniciativa preveía la construcción de seis edificios en los terrenos anexos a la Ciudad Deportiva de A Torre.
E¿Por qué se paralizó el proyecto? La Unesco incluyó en 2009 a la Torre de Hércules en el patrimonio de la humanidad, distinción que exige dotar al monumento de un elevado nivel de protección a todo su entorno, del que forma parte el Agra de San Amaro. La Xunta decidió entonces prohibir la edificación en las parcelas que formaban parte del polígono.
E¿Qué decisión tomó el Ayuntamiento? El Gobierno local asumió la directriz marcada por la Xunta y bloqueó el proyecto en 2010 cuando los empresarios solicitaron licencias de construcción, pese a que antes de la inclusión en el patrimonio de la humanidad, aseguró que la urbanización prevista no afectaría a la candidatura de la Torre de Hércules. Al elaborar el nuevo plan general de urbanismo, que finalmente fue aprobado en 2013 bajo el mandato del Partido Popular, el polígono del Agra de San Amaro desapareció, lo que dejó a los promotores sin posibilidad de edificar en ese lugar.
E¿Cuál fue la reacción de los perjudicados? Tres de las empresas con propiedades en la zona plantearon recursos contra la nueva normativa urbanística con el fin de hacer valer sus derechos, aunque el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya desestimó uno de estos recursos. También amenazaron al Concello con presentar reclamaciones económicas por la prohibición de edificar en sus parcelas, que calcularon en unos 60 millones de euros.
E¿El Concello presentó una alternativa? El Gobierno local del PP trató de evitar el pago de indemnizaciones ofertando a los promotores suelo en la cantera de Adormideras, a corta distancia del Agra de San Amaro, donde calculó que se podrían construir 333 pisos, aunque con una edificabilidad menor que la que poseían las empresas en sus terrenos.
E¿Cómo se recibió la propuesta? Las inmobiliarias rechazaron la oferta al considerar que les perjudicaba, mientras que los vecinos del barrio mostraron la misma actitud al sospechar que el edificio que ocuparía la cantera ocultaría las vistas a la Torre de Hércules, lo que el Partido Popular negó de forma tajante, ya que aseguró que el proyecto no ponía en peligro la declaración del monumento como patrimonio de la humanidad.
E¿Por qué no se ejecutó tampoco ese proyecto? La misma semana en que se celebraron las elecciones municipales de 2015, el Gobierno local del PP descartó ubicar en Adormideras la edificabilidad que debe concederse a los promotores, aunque no explicó cuál era la razón de este cambio de opinión. El nuevo Ejecutivo municipal de Marea Atlántica mostró su rechazo frontal a esa iniciativa e incluso a compensar a los afectados, que pusieron en marcha recursos judiciales para que se les indemnizara.
E¿Ha habido ya resoluciones judiciales sobre esas reclamaciones? Dos empresas cuentan ya con sentencias de tribunales de primera instancia, mientras que otra dispone de un fallo firme. El Concello abonó ya 357.000 euros a una promotora y 148.000 a otra, a lo que debe añadir 25.000 euros anuales de compensación a cada una de ellas mientras no puedan edificar. Otra sentencia condena al Ayuntamiento a abonar 1,4 millones a otra de las inmobiliarias por no haber cumplido los acuerdos firmados en 1993 y 2006.
E¿Qué postura mantiene ahora el Gobierno local? Ante los fallos judiciales desfavorables y la posibilidad de que se incrementen, los responsables municipales tratan de llegar a un acuerdo con las promotoras, a las que pretenden ofertar suelo edificable en otros puntos del municipio. El concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, admitió que se trata de un problema "muy complejo" pero que se trata de lograr la "mejor solución posible" a un conflicto que en 2018 alcanza ya los 25 años sin que se vislumbre cuándo se le podrá poner punto final.
