El Juzgado de lo Penal número 1 ha sentenciado a cinco empresarios a penas de prisión, con condenas que llegan hasta los 3 años y nueve meses de cárcel, por delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública. Entre los cinco imputados y dos de las empresas que responden de forma directa tendrán que abonar 1,3 millones, además de diversas multas.

Entre los condenados, está un matrimonio, M.J.L.A. y su marido, C.F.C., que figuraban, respectivamente, como administradora única y apoderado de la compañía patrimonial Cofral S.L.. Esta empresa tenía como objeto social la promoción inmobiliaria y la construcción de edificios, así como la intermediación de agencia inmobiliaria, incluida la edificación y rehabilitación de obras. Sin embargo, según recoge la sentencia, esta sociedad no tuvo "una actividad económica real" y fue creada únicamente "con la finalidad de alterar las bases tributarias objeto de comprobación por la hacienda pública". Así, asegura que durante los años 2006 y 2007 Cofral "emitió y contabilizó facturas que no se correspondían con operaciones realizadas".

Algunas de las facturas emitidas se utilizaron por Gruindega de Inversiones, de la que era administrador otro de los condenados, M.L.L., "para defraudar las cuotas correspondientes al Impuesto de Sociedades y al IVA del ejercicio 2006". Lo mismo hizo otro de los condenados, M.G.L., administrador de la Inmobiliaria Residencial Parque Ronda.