El Concello de A Coruña, junto con los ayuntamientos de Santiago y Ferrol, presentó alegaciones al decreto de inclusión social de la Xunta para pedir que se modifiquen los criterios de acceso a la Risga para que se adecue "a las necesidades de las personas en riesgo de exclusión social". Los tres ayuntamientos reclaman en un comunicado conjunto que "la red de prestaciones mínimas" llegue al "conjunto de las personas, garantizando que todas tengan unos ingresos suficientes para vivir con dignidad y cuenten con servicios de apoyo suficientes".
Las alegaciones han sido remitidas a la Administración autonómica por las concejalas de Xustiza Social, quienes piden a la Xunta que modifique los criterios de concesión de las ayudas sociales. Los consistorios instan a la Xunta a revisar las cuantías mínimas de las ayudas económicas dependientes del Gobierno autonómico para que sean "actualizadas y adecuadas" a la situación socioeconómica del entorno y cubran las "necesidades básicas" de los demandantes. De este modo, recuerdan que las cantidades de las ayudas "deberían ser acordes" con el Salario Mínimo Interprofesional. Por otra parte, censuran que la reforma de la ley autonómica mantenga "la exigencia de algún factor de exclusión social" para recibir la ayuda de unos 400 euros al mes.
