La falta de magistrado sustituto en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer durante cuatro días la semana pasada ha sido achacada por los sindicatos y funcionarios al Ministerio de Justicia, que todavía no ha comunicado a los tribunales superiores de cada comunidad los presupuestos de los que dispondrán este año para nombrar magistrados suplentes y jueces sustitutos. El departamento dirigido por Rafael Catalá, sin embargo, atribuye al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la responsabilidad de que el titular del organismo especializado en violencia de género no haya sido cubierto durante su asistencia a un curso formativo.

El alto tribunal gallego hace semanas que planteó al Ministerio de Justicia si puede hacer uso de la partida presupuestaria de este año para nombrar sustitutos. Por el momento, no ha recibido respuesta. El TSXG indicó ayer que ha solicitado permiso al ministerio porque la Ley Orgánica del Poder Judicial impide de forma expresa hacer llamamientos de jueces si no existe un presupuesto habilitado a ese efecto. En este caso, el Ministerio de Justicia advirtió el año pasado al TSXG de que había gastado más de un 200% de la cantidad asignada, por lo que Galicia estaría en 2018 sin presupuesto.

"Este año todavía no se les ha comunicado a las comunidades el presupuesto anual que tienen a su disposición para sustituciones, lo que no implica que no puedan nombrar sustitutos como están haciendo otras comunidades, ya que nos encontramos a 1 de febrero, no estamos en un momento en el que pueda haber sobrepasado de modo alguno el presupuesto", defienden desde el gabinete de comunicación del ministerio.

La Sala de Gobierno del TSXG acordó el pasado 19 de enero solicitar al Ministerio de Justicia que informase sobre la situación actual de disponibilidad presupuestaria para el nombramiento de magistrados suplentes y jueces sustitutos. Por el momento, asegura que no ha obtenido respuesta.

La negativa a sustituir durante cuatro días de la semana pasada al juez de Violencia sobre la Mujer ha retrasado "entre cuatro y cinco meses" las 30 declaraciones y los seis juicios que estaban programados "desde hace meses" para esos días, según informaron fuentes sindicales. Las funciones urgentes de la unidad, como la celebración de las vistas rápidas, fueron asumidas por el juzgado que ejercía las funciones de guardia. Los sindicatos judiciales y el colegio de abogados advirtieron de la "desatención" a las víctimas, pues consideran "imposible" que la unidad de guardia compatibilice sus tareas habituales con las del Juzgado de Violencia sobre la Mujer.